Redacción ARG360
Este derecho implica tener acceso a alimentos nutritivos, seguros y suficientes para mantener una vida saludable y activa.
En Argentina, este derecho está protegido por la Constitución Nacional y por leyes específicas como la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional n° 25.724, reglamentada por Decreto n° 1028/2003. El Estado argentino tiene la obligación de garantizar el acceso a la alimentación adecuada, especialmente para las poblaciones más vulnerables. La República Argentina es un Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde 1986 por vía de ratificación. 
Por dicha razón, Argentina como Estado tiene obligación institucional en el cumplimiento de las leyes y pactos internacionales firmados, debiendo garantizar el acceso a la alimentación adecuada, lo cual no se viene incumpliendo desde la asunción al gobierno de los hermanos Milei y puntualmente desde la cartera de la Ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
Dicha situación lamentable y crítica ha sido llevada al ámbito judicial, ya que el juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick dispuso que el Ministerio de Capital Humano informe en un plazo máximo de 48 horas cómo garantizará la distribución de alimentos para las personas que concurren a comedores; a pesar de ello el gobierno nacional apeló el fallo contra la resolución judicial que le pedía que informe sobre la distribución de casi seis millones de kilos de alimentos que están guardados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, en Tucumán.
En este receso invernal, la Justicia habilitó la feria para que se cumpla el fallo que obliga al Gobierno continuar con la entrega de alimentos a comedores, sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos programas complementarios siempre que signifique mejoras. Sin embargo, la ministro Pettovello insiste en incumplir la orden judicial, con el enorme daño que está causando a los sectores más vulnerables de la sociedad. 
Desde el inicio del mandato del gobierno nacional ha impulsado un discurso cargado de odio y resentimiento, con un evidente desprecio por la vida y los derechos humanos.
Luego de casi ocho meses de gobierno y con más de cinco millones de personas que viven en estado de indigencia, es hora de que el gobierno nacional rectifique el rumbo, ya que el hambre de los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad no pueden ser la variable de ajuste de la economía.
