"El ajuste de Milei es un espejismo financiero"

Su único propósito parece ser desmantelar cualquier posibilidad de desarrollo futuro, concentrando el recorte en los sectores más vulnerables: jubilados, trabajadores informales y quienes dependen de la inversión pública para mejorar su calidad de vida. La reducción de la inflación no obedece a una política eficaz, sino a una recesión profunda inducida deliberadamente.

Uno de los ejes centrales de esta política fue la abrupta devaluación de diciembre de 2023, que disparó el dólar un 118% en un solo movimiento. Esta medida impuso un costo social inmenso, innecesario y evitable. Aun si se admitiera la necesidad de un ajuste cambiario, la magnitud aplicada fue excesiva. Una devaluación menor, de la mitad, habría permitido estabilizar la economía sin provocar un derrumbe tan abrupto del poder adquisitivo y el consumo. En términos de inflación, el resultado podría haber sido el mismo, pero en un menor tiempo y sin una contracción tan severa de la demanda agregada. En definitiva, una decisión de mala praxis económica.

Las consecuencias de esa devaluación fueron devastadoras. Según datos del Instituto Argentina Grande (IAG), durante el primer año de gestión de Milei, la inflación acumulada alcanzó el 189,9% utilizando el nuevo IPC (ENGHo 2017/8), mientras que con el IPC vigente fue del 179,2%. Aunque en enero de 2025 la inflación mensual se redujo al 2,2%, esto no fue producto de una estrategia de estabilización genuina, sino del colapso del consumo y la inversión.

Los salarios no lograron recuperarse del impacto inicial: los registrados (RIPTE) perdieron un 3,4% en términos reales entre noviembre de 2023 y enero de 2025, y si se aplican los ponderadores actualizados del IPC (de la ENGHo 2017/8), la caída asciende al 7,2%, más del doble de lo que refleja el índice actual. En el sector público, la situación es aún más crítica: los salarios siguen 13% por debajo de los niveles de noviembre de 2023. Por su parte, los jubilados sufrieron una pérdida equivalente a un mes de haberes durante el primer año de gestión, debido a la combinación de la inflación y la modificación de la fórmula de actualización.

La actividad económica también refleja esta contracción. La industria se redujo un 9,4% en 2024, mientras que la construcción se desplomó un 27,4%. En total, se destruyeron 119.954 empleos formales en un año, con la construcción perdiendo 68.000 puestos y la industria 25.900. A pesar de los datos fiscales de enero de 2025 que muestran un superávit primario de $2.434.865 millones y un superávit financiero de $599.753 millones tras el pago de intereses de la deuda (este resultado no incluye los intereses capitalizados de LECAPs y LEFIs, lo cual es motivo de debate porque, de nuevo, compromete el futuro; de haber sido contabilizados, el saldo financiero sería negativo, lo que convierte al superávit en una ficción contable).

Los ingresos del Sector Público Nacional cayeron un 1.4% en términos reales sobre enero de 2023 debido a la drástica disminución de los tributos vinculados al comercio exterior, como los Derechos de Exportación (-54%) y de Importación (-15%). Aunque ciertos impuestos como Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+37%) y Ganancias (+28%) crecieron, no lograron compensar la baja general de ingresos.

El gasto público, si bien creció un 13,6% interanual, se mantiene en niveles históricamente bajos. En enero de 2025, el gasto había sufrido una caída del 31,1% sobre enero de 2023. Las jubilaciones aumentaron un 2,2% respecto a enero de 2024, pero aún se encuentran un 15,9% por debajo del nivel de enero de 2023, consolidando el ajuste sobre los jubilados. Los gastos de capital se encuentran 77% abajo que en enero de 2023 y 69% debajo de enero de 2024, los subsidios económicos 44% y 20%, abajo respectivamente. 

El combate contra la inflación no solo incluyó la brusca devaluación del dólar, que mejoró los saldos de exportación, sino también una serie de factores externos y financieros que favorecieron temporalmente al gobierno: una cosecha favorable tras la sequía de 2023, el blanqueo de capitales y el atractivo del carry trade. Estas condiciones no fueron resultado de una planificación macroeconómica, sino de circunstancias externas y, en el caso del blanqueo y el carry trade, de incentivos especulativos desvinculados de la economía real.

En este contexto, con un gobierno enfocado exclusivamente en la especulación financiera, resulta sintomático que Milei haya promovido abiertamente esquemas de dudosa transparencia. La reciente estafa crypto, en la que el propio presidente incentivó la inversión en un activo de alto riesgo, ilustra su visión económica: una apuesta por la especulación sin ninguna perspectiva productiva. Su modelo, basado en la licuación de ingresos y la promoción de burbujas financieras, expone su falta de escrúpulos al manipular expectativas en beneficio propio y de su entorno cercano.

El problema estructural del esquema de Milei radica en la ausencia de elementos que proyecten un futuro de crecimiento, inclusión social o desarrollo. Su ajuste impacta en la obra pública, deteriora la inversión en salud, educación y tecnología, y socava cualquier posibilidad de recuperación sostenida. En este marco, la única "ancla" contra la inflación es el sacrificio del futuro del país: menor consumo, menor inversión y menor capacidad productiva. La gran incógnita es qué sucederá cuando se agoten los efectos de la licuación de ingresos, el veranito financiero y un posible nuevo desembolso del FMI. No se están sentando las bases para un país genuinamente estable. Si la inflación sigue cayendo, no será por una estabilización exitosa, sino porque el ajuste ya no dejará nada más por destruir.

Hernán Herrera es Licenciado en Ciencia Politica (UBA), docente e investigador de FLACSO e integrante IAG.