Redacción ARG360
Este es un nuevo paso en la estrategia oficial para reconfigurar el sector público bajo las reglas del nuevo régimen de contrataciones.
Los contratos en cuestión corresponden a trabajadores que no forman parte de la planta permanente estatal y están regidos por el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional. Aunque los convenios vencieron el 31 de diciembre de 2024, en las últimas semanas se han firmado extensiones que les permitirán seguir en funciones hasta marzo de 2025.
El examen, denominado Evaluación General de Conocimientos y Competencias, será obligatorio para todos ellos. Según lo informado, esta evaluación consta de tres áreas: comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y conocimientos sobre administración pública.
Para seguir en sus puestos a partir de marzo, los empleados deberán cumplir con dos condiciones: aprobar el examen de idoneidad y que sus superiores consideren que su trabajo es indispensable para el área. Fuentes oficiales indicaron que, hasta el momento, 14.000 trabajadores han rendido la evaluación y el 95% obtuvo resultados satisfactorios.
Sin embargo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que el alcance de estas medidas es mayor de lo anunciado. Según el gremio, no son 40.000 sino más de 55.000 los empleados afectados, incluyendo monotributistas y otros contratos precarizados.
ATE también denunció despidos en diferentes organismos, entre ellos el Ministerio de Justicia, la obra social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) y Parques Nacionales. En un episodio particularmente polémico, 87 empleados del Centro Cultural Haroldo Conti, en la ex-ESMA, fueron notificados por WhatsApp el 31 de diciembre de que no debían regresar a trabajar.
Además de las renovaciones transitorias, el Gobierno publicó los decretos 1148/24 y 1149/24, que congelan la plantilla de la administración nacional y limitan nuevas incorporaciones. A partir de marzo de 2025, cualquier alta deberá estar respaldada por la baja de tres empleados.
En este contexto, el examen de idoneidad no solo definirá la continuidad de los empleados actuales, sino que será obligatorio para futuros ingresos al sector público, incluyendo empresas estatales.
La reforma en marcha apunta a transformar el empleo público en un sistema más eficiente, pero también deja a miles de trabajadores en una situación de incertidumbre laboral que no tiene precedentes en los últimos años.
