Redacción ARG360
Por Hernán P. Herrera, investigador del Instituto Argentina Grande
y columnista de Un Mundo en Marcha (en Radio con Vos).
IG @hernanpherrera
Este 2025, el mundo está atrapado en una fiebre de competencia económica y tecnológica que recuerda las tensiones de la Guerra Fría, pero con un giro moderno: la lucha no es solo por el poder militar, sino por el control de las cadenas de suministro, la tecnología de punta y los mercados globales. Estados Unidos y China, los titanes de esta nueva era, libran una guerra comercial que está remodelando el mapa económico, afectando desde los precios de los bienes hasta los derechos de los trabajadores. En este contexto, países como Brasil y Argentina se ven obligados a navegar entre las promesas de inversión extranjera y los riesgos de perder soberanía económica y social. El caso de la privatización de IMPSA en Argentina y el concepto de “friendshoring” ilustran cómo las decisiones políticas locales se entrelazan con esta batalla global, a menudo con consecuencias devastadoras.
Este artículo, basado en un análisis que realizó el Instituto Argentina Grande, en abril de 2025, responde a cuatro preguntas clave: ¿Por qué Rusia ocupa hoy el lugar de China en las estrategias geopolíticas de Kissinger? ¿Qué están haciendo Brasil y China en esta guerra comercial? ¿Qué representa el caso de Ford y BYD en Bahía, Brasil? ¿Por qué fue conflictiva la inversión de BYD y cómo sigue? A través de estas preguntas, exploraremos los problemas globales —desde abusos laborales hasta inflación— y cómo las grandes empresas y los límites del orden mundial, como los acuerdos de la OIT, no logran contener las desigualdades. Finalmente, examinaremos el caso argentino, donde la privatización de IMPSA y el “friendshoring” reflejan una alineación arriesgada con Estados Unidos en un momento de incertidumbre global.
Una nueva Guerra Fría: Kissinger, Rusia y el tablero global
En los años 70, Henry Kissinger diseñó una estrategia para acercar a China y contener a la Unión Soviética, dividiendo el bloque comunista. Hoy, la dinámica ha cambiado: China es el principal rival económico de Estados Unidos, y Rusia, debilitada pero estratégica, podría ser utilizada para aislar a Pekín. Las declaraciones de Trump en 2025, como su interés en comprar Groenlandia por “paz mundial” o llamar a Canadá el “estado 51” [Mother Jones, 16/03/2025], reflejan una postura agresiva que busca reconfigurar alianzas. Sin embargo, esta estrategia es un arma de doble filo: Rusia, con su economía dependiente de China (el comercio bilateral alcanzó $240 mil millones en 2024 [Reuters, 10/01/2025]), no es un aliado confiable para EE.UU. y podría complicar la guerra comercial en lugar de resolverla.
Esta rivalidad está impulsada por aranceles y restricciones tecnológicas. En febrero de 2025, EE.UU. impuso un arancel del 10% a China, seguido de otro 10% en marzo, mientras China respondió con tarifas del 125% a bienes estadounidenses. Estas medidas han generado inflación global, con economistas como Paul Krugman advirtiendo sobre un “shock inflacionario” que afecta a los consumidores, y otros más extremos preguntándose si EEUU no deberá elegir entre el default y la hiperinflación si sigue así (sic, en Noah Smith de 18 de abril de 2025). En este
contexto, países en desarrollo como Brasil y Argentina enfrentan presiones para alinearse con una de las superpotencias, a menudo sacrificando sus intereses nacionales.
Brasil y China: Crecimiento en medio de la tormenta
Brasil y China están fortaleciendo su relación económica en medio de esta guerra comercial. En 2024, el comercio bilateral alcanzó los $157 mil millones, con Brasil exportando soja, mineral de hierro y carne, y China invirtiendo en infraestructura y manufactura [Brazilian Report, 15/02/2025]. Brasil creció un 3.4% en 2024, impulsado por los sectores de servicios (3.7%) e industria (3.3%), aunque con un déficit fiscal financiero total del 8.4%. China, por su parte, reportó un crecimiento del PIB del 5.4% en el primer trimestre de 2025, superando expectativas gracias a un aumento del 12% en exportaciones y un 6.5% en producción industrial.
El plan “Made in China 2025” ha posicionado a China como líder en vehículos eléctricos (EVs), baterías e inteligencia artificial. Empresas como BYD y CATL dominan el mercado global, con el 59% de los EVs vendidos en 2023 provenientes de China [Statista, 2024]. Brasil, a través de su Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), planea invertir entre $280 y $347 mil millones hasta 2029 en energía, logística y urbanismo [Reuters, 11/08/2023]. Sin embargo, esta relación no está exenta de problemas: el caso de BYD en Camaçari, Bahía, revela las tensiones entre el crecimiento económico y los estándares laborales.
Ford se va, BYD llega: Un símbolo del cambio global
En 2021, Ford cerró su fábrica en Camaçari, Bahía, dejando a 300,000 habitantes sin una fuente clave de empleo. BYD, el gigante chino de EVs, compró la planta con una inversión de $620 millones, prometiendo 10,000 empleos y una producción de 150,000 EVs al año a partir de julio de 2025. Este movimiento simboliza el avance chino en mercados donde EE.UU. retrocede, como destaca el documento. Sin embargo, el proyecto se vio empañado por un escándalo en diciembre de 2024, cuando 163 trabajadores chinos fueron rescatados de condiciones de esclavitud moderna. Sí, tal como se lee. Pasaportes confiscados, salarios retenidos en un 60%, jornadas de 25 días sin descanso y alojamientos insalubres [Ministério Público do Trabalho, diciembre 2024].
Brasil, que ratificó los Convenios 29 y 105 de la OIT contra el trabajo forzado, clausuró la obra y suspendió las visas de BYD. La empresa respondió rescindiendo el contrato con su subcontratista, Jinjiang Construction, trasladando a los trabajadores a hoteles y pagando indemnizaciones [BYD, 23/12/2024]. Aunque BYD mantiene su objetivo de iniciar producción a finales de 2025, el caso ha puesto en jaque el plan de reindustrialización de Lula y ha destacado los desafíos de supervisar inversiones extranjeras en un contexto de competencia global.
Los límites del orden mundial: La OIT y los abusos laborales
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece estándares para proteger a los trabajadores, pero su capacidad para hacerlos cumplir es limitada. Brasil, por ejemplo, ha implementado buenas prácticas de inspección laboral, reconocidas por la OIT en 2011, pero el caso de BYD muestra que las violaciones persisten. La OIT ha desarrollado una estrategia quinquenal (2023-2028) para garantizar el trabajo decente en cadenas de suministro, incluyendo un Helpdesk para empresas y un Observatorio de Trabajo Forzado [ILO, 2024]. Sin embargo, casos como el trabajo forzado de uigures en Xinjiang, denunciado por Human Rights Watch en enero de 2025, o los abusos a migrantes en Qatar en octubre de 2024, revelan que el problema es sistémico.
En Brasil, el escándalo de BYD no es aislado: en noviembre de 2024, 17 bolivianos fueron rescatados de talleres textiles en São Paulo, trabajando 14 horas diarias por $100 al mes [The Guardian, 12/11/2024]. Estos incidentes subrayan la dificultad de alinear el crecimiento económico con los derechos humanos en un mundo donde las empresas priorizan los costos sobre la ética.
Argentina: IMPSA, friendshoring y la pérdida de soberanía
En Argentina, la privatización de IMPSA, una empresa estratégica fundada en 1907 y líder en tecnología hidroeléctrica, eólica y nuclear, refleja cómo las políticas locales se ven influenciadas por la guerra comercial global. En febrero de 2025, el gobierno vendió el 63.7% de las acciones de IMPSA, previamente en manos del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, y el 21.3% de la provincia de Mendoza, al consorcio estadounidense Industrial Acquisitions Fund (IAF), liderado por la empresa yanqui ARC Energy, por $27 millones [LexLatin, 27/02/2025]. Esta operación, celebrada como un “éxito público-privado” en el Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza [Los Andes, 07/03/2025], fue acompañada de promesas de expansión en el sector energético, incluyendo reactores nucleares modulares.
Sin embargo, la privatización ha generado controversia. Apenas un mes y medio después de la venta, IMPSA despidió trabajadores por “razones de productividad”, generando incertidumbre entre sus 650 empleados [Diario Uno, 01/04/2025]. Críticos, como el kirchnerismo mendocino, han denunciado que la operación subvalora una empresa clave, comparándola con la venta de un jugador de fútbol [MDZ Online, 01/04/2025]. IMPSA, una de las cinco empresas globales capaces de fabricar turbinas de alta complejidad, exportaba a más de 40 países antes de su privatización. Su venta a capitales extranjeros, en un contexto de caída industrial del 14% en Argentina en 2024 [Ámbito, 25/03/2025], plantea preguntas sobre la pérdida de soberanía tecnológica.
El “friendshoring”, la estrategia de EE.UU. para trasladar cadenas de suministro a países aliados, está detrás de esta operación. La embajadora estadounidense, Abigail Dressel, visitó la planta de IMPSA en marzo de 2025, destacando su potencial como modelo para otros inversores [Los Andes, 07/03/2025]. Sin embargo, el friendshoring beneficia principalmente a EE.UU., que busca reducir su dependencia de China, mientras Argentina arriesga convertirse en un proveedor de materias primas y mano de obra barata. La visita de funcionarios estadounidenses a gobernadores y secretarios argentinos en los últimos meses, como señalan posts en X [X post, 14/04/2025], sugiere una presión para alinear al país con los intereses de Washington, en un momento en que la guerra comercial con China escala.
Un mundo fracturado y un timing desastroso
La guerra comercial y tecnológica entre EE.UU. y China está fracturando el mundo, dejando a los países en desarrollo como Brasil y Argentina atrapados en un juego de promesas vacías y presiones geopolíticas. Los aranceles, que han disparado la inflación según Krugman [The New York Times, 18/04/2025], y los abusos laborales, como los de BYD en Brasil o los talleres textiles en São Paulo, son síntomas de un sistema global que privilegia el lucro sobre las personas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos multilaterales luchan por imponer estándares, pero su impacto es limitado frente a la magnitud de las violaciones: en 2024, la OIT estimó que 25 millones de personas están en condiciones de trabajo forzado a nivel global, un número que no muestra signos de disminuir [ILO, Global Estimates of Modern Slavery, 2024].
En este contexto, la decisión de Javier Milei de alinear a Argentina con Estados Unidos, a través de la privatización de IMPSA y la adopción del “friendshoring”, aparece como un error estratégico de timing muy equivocado para los intereses del país. En un momento en que la economía argentina enfrenta altísimas turbulencias, y una caída industrial del 14% [Ámbito, 25/03/2025], ceder activos estratégicos como IMPSA —clave para la transición energética y la soberanía tecnológica— a cambio de inversiones extranjeras inciertas es un riesgo que podría profundizar la dependencia económica. Esta apuesta se complica aún más por la postura de Donald Trump, quien desprecia abiertamente a los organismos multilaterales como la OIT, la ONU, la OMS, acuerdos de París y la OMC, calificándolos de “burocracias ineficientes” en discursos de 2025 [The Washington Post, 12/04/2025].
Este no es solo un problema de Argentina o Brasil; es una advertencia global. Mientras las superpotencias compiten, los países en desarrollo quedan atrapados en una red de promesas vacías y presiones geopolíticas. Sin una reforma profunda del comercio global, que priorice los derechos humanos y la equidad económica, los abusos laborales y la inestabilidad persistirán. En este tablero de ajedrez, donde cada movimiento tiene un costo humano, la pregunta es quién pagará el precio final: los trabajadores explotados, las economías vulnerables o un mundo que aún no encuentra el equilibrio entre progreso y justicia. Para Argentina, bajo el liderazgo de Milei, la respuesta parece clara: al apostar todo a una alianza con un EE.UU. que prioriza sus propios intereses y desmantela el orden multilateral, el país arriesga no solo su futuro económico, sino su capacidad de decidir su propio destino en un mundo cada vez más polarizado.
El Gobierno está evaluando nuevas estrategias para controlar la inflación y estabilizar el dólar. Entre las opciones, se analizan intervenciones en el mercado cambiario y ajustes en la política económica. Se espera un anuncio oficial en los próximos días, mientras empresarios y ciudadanos siguen atentos a los posibles efectos en el costo de vida
A partir de mayo, las tarifas de luz y gas aumentarán un 2,5%, un ajuste menor a la inflación. Además, el Gobierno decidió postergar la suba del impuesto a los combustibles, lo que permitió que YPF bajara sus precios un 4% desde el 1 de mayo. Estas medidas buscan reducir el impacto económico en los consumidores.
El dólar blue ha mostrado estabilidad en su cotización, acumulando una baja de $65 en lo que va de la semana. La divisa cerró en $1.185 para la venta, mientras que los dólares financieros registraron leves movimientos. Analistas siguen atentos a posibles fluctuaciones y decisiones del Gobierno en el mercado cambiario.
El reciente descubrimiento en Argentina ha revelado un yacimiento mineral de enorme potencial, situado en una zona montañosa de la provincia de San Juan. Se trata de un depósito con altas concentraciones de cobre, oro y plata, elementos clave para industrias tecnológicas y energéticas.
