Bahía Blanca bajo el agua

Los números son impactantes: diez muertos, más de mil evacuados y daños millonarios. Pero detrás de esas cifras hay historias de vidas arrasadas por el temporal que convirtió a Bahía Blanca en un escenario de devastación. Calles convertidas en ríos, autos flotando como juguetes, familias que lo perdieron todo en cuestión de horas.

El agua comenzó a caer en la madrugada y para la mañana ya era una catástrofe. En el barrio Spurr, una de las zonas más afectadas, Claudia García intentaba salvar lo poco que le quedaba. “Cuando el agua empezó a subir, nos subimos a la mesa del comedor. Desde la ventana veíamos colchones, heladeras, ropa... todo flotando. Perdimos todo”, cuenta con la voz quebrada.

A medida que la crisis avanzaba, el municipio de Bahía Blanca, gobernado por Federico Susbielles (Unión por la Patria), intentó contener la emergencia con asistencia a los evacuados y refuerzos de Defensa Civil, pero la magnitud del desastre dejó en evidencia las limitaciones del Estado local.

Desde la gobernación bonaerense, Axel Kicillof reaccionó rápidamente, anunciando el envío de recursos, asistencia financiera y logística para atender a los damnificados. Además, dispuso la activación de fondos de emergencia para infraestructura y equipos de trabajo en la zona, buscando evitar mayores daños.

En contraste, el gobierno nacional de Javier Milei brilló por su ausencia. Durante más de 48 horas, la Casa Rosada no emitió ningún comunicado oficial, y la ayuda nacional no llegó en el momento crítico. Cuando finalmente se pronunciaron, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmó que enviarían asistencia pero sin detallar tiempos ni recursos específicos. La indiferencia del Ejecutivo nacional fue duramente cuestionada, especialmente porque en otras catástrofes recientes, como los incendios en Corrientes en 2022, el Estado nacional había jugado un rol clave en la contención del desastre.

Desde la oposición local, dirigentes de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza minimizaron la situación, argumentando que las provincias deben autogestionarse. Sin embargo, el ajuste brutal del gobierno libertario ha dejado a municipios y provincias sin margen de maniobra, ya que muchas de las partidas para obras de infraestructura y asistencia en emergencias fueron recortadas o directamente eliminadas.

El desastre reavivó un debate de fondo: el estado de la infraestructura urbana y las consecuencias del ajuste en áreas clave. Bahía Blanca es un ejemplo de lo que ocurre cuando el Estado nacional se retira: las obras hídricas llevan años de retraso, y sin financiamiento federal, el municipio y la provincia no pueden sostenerlas por su cuenta.

Axel Kicillof recordó que en 2023 se aprobó un plan de inversiones hídricas, pero muchas licitaciones quedaron frenadas tras la llegada de Milei al poder. Desde diciembre, la Nación recortó drásticamente los programas de infraestructura, dejando en suspenso fondos esenciales para Buenos Aires.

El intendente Susbielles fue contundente: "Esto no es solo un desastre natural, sino también el resultado de una política de abandono del gobierno nacional". La crítica fue respaldada por el gobernador Kicillof, quien denunció que la falta de inversión en obras públicas multiplica el impacto de eventos climáticos extremos y que el ajuste no puede ser una excusa para dejar a la gente a la intemperie.

Mientras la política discute responsabilidades, los vecinos se organizaron por su cuenta. En redes sociales, campañas de donaciones lograron reunir alimentos, colchones y ropa para los evacuados, mientras que clubes barriales y parroquias abrieron sus puertas para recibir a los afectados.

“El gobierno provincial hizo lo que pudo, pero sin apoyo nacional no alcanza. Y desde Casa Rosada no mandaron nada”, dice Pablo, voluntario en un centro de evacuación. “Si no fuera por la gente, esto sería aún peor”.

A medida que el agua baja, la tensión crece. La ausencia de Nación dejó una marca profunda en la comunidad, que exige respuestas y soluciones de fondo. La reconstrucción de Bahía Blanca será un símbolo de la resistencia popular, pero también una muestra del costo de un ajuste que castiga a los que más lo necesitan.