Diputados avanzó con el financiamiento universitario y hospitalario, mientras el Gobierno respondió con represión en la calle
Pulso
Redacción ARG360
En una jornada cargada de tensión dentro y fuera del Congreso, la Cámara de Diputados aprobó este martes por amplia mayoría la ley de financiamiento para las universidades nacionales y un proyecto que declara la emergencia en materia de salud pediátrica, con eje en el Hospital Garrahan. Mientras tanto, en las inmediaciones del Parlamento, efectivos policiales reprimían una manifestación de jubilados, dejando como saldo periodistas heridos y una escena que volvió a poner en foco el endurecimiento del operativo de seguridad por parte del Gobierno nacional.
La oposición se impone en Diputados
Convocada por los bloques opositores, la sesión especial logró avanzar con iniciativas clave que habían sido bloqueadas en sesiones anteriores. El proyecto de financiamiento universitario fue aprobado por 158 votos afirmativos, 75 en contra y 5 abstenciones, en una votación que expuso la creciente fragilidad del oficialismo en el Congreso.
La iniciativa establece una actualización automática del presupuesto para las universidades nacionales según la inflación, garantiza la reapertura de paritarias para docentes y no docentes, y propone ampliar las becas estudiantiles. La votación fue celebrada por rectores y representantes del sistema universitario que habían acompañado el debate desde los palcos.
Por su parte, también se aprobó la declaración de emergencia en salud pediátrica, una medida destinada a asegurar los recursos y el funcionamiento del Hospital Garrahan y otros centros especializados, en un contexto de recortes presupuestarios que ya impactan en la atención.
Ambos proyectos fueron girados al Senado, donde se espera que el oficialismo intente bloquear su sanción definitiva, mientras analiza la posibilidad de un veto presidencial en caso de que sean aprobados.
La calle como espejo: represión a jubilados y periodistas heridos
Mientras la Cámara votaba el financiamiento a la educación y la salud pública, en las calles la postal era otra. Una movilización pacífica de jubilados fue reprimida con gas pimienta, balas de goma y carros hidrantes, en el marco de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad. El protocolo antipiquetes se aplicó con crudeza incluso sobre periodistas que cubrían la marcha.
Uno de los casos más graves fue el del fotoperiodista Pablo Grillo, quien recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza. Sufrió fractura de cráneo y debió ser operado de urgencia. Otro periodista resultó herido en la mano mientras intentaba registrar los incidentes.
Organizaciones de derechos humanos, entidades profesionales de prensa y legisladores de la oposición denunciaron el uso desmedido de la fuerza y pidieron explicaciones al Gobierno por la violencia desplegada contra personas mayores y trabajadores de prensa.
Un escenario de contraste y disputa
La jornada del 6 de agosto dejó expuesta una tensión cada vez más profunda entre la estrategia institucional de la oposición y la lógica represiva del Ejecutivo. Mientras el Congreso avanza con proyectos que buscan garantizar derechos básicos como la educación y la salud, el Gobierno responde con represión en las calles y amenazas de veto.
El contraste entre los aplausos en el recinto y los gritos en las veredas del Congreso sintetiza el clima político actual: una ciudadanía movilizada, una oposición que suma músculo legislativo, y un oficialismo que, frente a cada derrota parlamentaria, redobla su apuesta por la disciplina callejera.
La mujer de 39 años estaba desaparecida desde el sábado. Sus restos fueron encontrados semienterrados cerca del Lago de los Cisnes, donde acampaba con el principal sospechoso, quien ya está bajo custodia. Un último mensaje a su hijo y el testimonio de un sereno fueron clave.
Un accidente ferroviario conmocionó la tarde del martes en la Línea Sarmiento, cuando una formación descarriló cerca de la estación Liniers. El incidente dejó un saldo de 19 personas heridas, ninguna de gravedad, y motivó un amplio operativo de emergencia. Horas después, el servicio se reanudó con demoras.
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Un inspector de la Municipalidad de Formosa fue grabado exigiendo más de 23.000 pesos a un chofer para permitirle circular. La práctica, prohibida por la Constitución Nacional, motivó la presentación de un reclamo ante el Gobierno y Vialidad Nacional.