El presidente Javier Milei ha firmado un decreto para nombrar a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una decisión que ya ha sido calificada como inconstitucional por juristas y organismos de derechos humanos
Pulso
Redacción ARG360
La maniobra, que emula el intento fallido de Mauricio Macri en 2015, se da en un contexto de creciente tensión política y judicial, con el oficialismo buscando consolidar su influencia en el máximo tribunal del país.
El Gobierno justificó la medida argumentando que el tribunal no puede funcionar correctamente con solo tres miembros, tras las vacantes dejadas por Elena Highton de Nolasco en 2021 y Juan Carlos Maqueda en 2024. Sin embargo, esta decisión ha sido duramente criticada por especialistas en derecho constitucional, quienes advierten que el procedimiento utilizado vulnera la independencia del Poder Judicial.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), su directora ejecutiva, Paula Litvachky, afirmó que la designación es inconstitucional y que podrían acudir a la Justicia para impugnarla. Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, sostuvo que el decreto es "nulo de nulidad absoluta", mientras que Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, calificó la medida como un "retroceso institucional".
La administración de La Libertad Avanza (LLA) se ampara en el artículo 99, inciso 19 de la Constitución, que permite al Presidente llenar vacantes "en comisión" durante el receso legislativo. No obstante, desde el Senado y distintos sectores políticos han rechazado la interpretación oficialista, sosteniendo que esta prerrogativa no aplica a la Corte Suprema, ya que su integración requiere un proceso de designación con el aval de dos tercios de la Cámara Alta.
En este sentido, el bloque de Unión por la Patria (UxP) reiteró su compromiso de bloquear cualquier intento de designación en comisión, asegurando que la maniobra representa "una afrenta irreparable al sistema republicano". Desde la oposición acusan a Milei de gobernar "por decreto y hechos consumados", debilitando el rol del Congreso.
Manuel García Mansilla, de 54 años, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, institución históricamente ligada al Opus Dei. En el pasado, ha criticado el hiperpresidencialismo y los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), aunque ahora su nombramiento por esta vía lo coloca en una posición contradictoria.
Ariel Lijo, de 56 años, es un histórico juez de Comodoro Py con un extenso recorrido en la Justicia Federal. Cercano a distintos sectores del poder político y judicial, Lijo ha manifestado su intención de tomar licencia en su juzgado actual mientras se define su futuro en la Corte.
Milei aspira a que el 1 de marzo, cuando inaugure las sesiones ordinarias del Congreso, los cinco jueces de la Corte estén sentados a su lado, consolidando un tribunal sin presencia femenina y con fuertes disputas internas. Sin embargo, el camino para concretar esta jugada está lleno de obstáculos legales y políticos.
Los próximos días serán clave para definir si la oposición logra frenar la maniobra o si el Gobierno avanza en su estrategia de imponer su voluntad por decreto, tensionando aún más el equilibrio de poderes en Argentina.
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