Redacción ARG360
Este procedimiento se realizó tras la pérdida de fueros del legislador, quien fue expulsado de la Cámara Alta el 12 de diciembre.
El allanamiento, llevado a cabo por efectivos de Gendarmería y supervisado por personal del Juzgado Federal de San Isidro y la Fiscalía, tuvo como objetivo recolectar documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos relevantes para la causa. Las oficinas del ex legislador, ubicadas en el Palacio Legislativo y en el Anexo del Senado, habían sido cerradas y fajadas desde la semana pasada, con custodia las 24 horas para preservar posibles pruebas.
Fuentes judiciales destacaron la cooperación del personal de seguridad del Senado y confirmaron que el procedimiento se desarrolló “con absoluto cumplimiento de las normas procesales aplicables”. Sin embargo, el expediente permanece bajo secreto de sumario, lo que generó un operativo bajo estricto hermetismo para evitar filtraciones mediáticas.
La investigación contra Kueider comenzó por su presunto vínculo con coimas relacionadas con la empresa de seguridad privada Securitas, durante su gestión al frente de Enersa, la compañía estatal de energía de Entre Ríos. A esto se suma su detención en Paraguay, donde fue sorprendido con USD 211.000 sin declarar mientras intentaba cruzar la frontera hacia Ciudad del Este.
La jueza Arroyo Salgado sostiene que las pruebas podrían confirmar una red de corrupción que incluye inversiones en criptomonedas y desarrollos inmobiliarios, prácticas comunes para lavar dinero en la región. Según los investigadores, Kueider intentaba utilizar este tipo de maniobras al momento de su detención.
El desafuero de Kueider fue aprobado con amplia mayoría en el Senado, pero no sin controversias. La sesión fue presidida por Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Cámara Alta en reemplazo del presidente Javier Milei, quien estaba de viaje en Italia. Kueider intentó impugnar esta decisión, argumentando que la vicepresidenta no podía asumir ese rol debido a un cambio automático en la jefatura del Estado. Sin embargo, el juez Enrique Lavié Pico desestimó el recurso, ratificando la validez de la sesión.
En paralelo, la Justicia argentina busca coordinar la extradición de Kueider desde Paraguay, donde cumple arresto domiciliario. Aunque existe un tratado bilateral entre ambos países, el proceso depende de que las autoridades paraguayas resuelvan primero las acusaciones en su territorio.
El caso Kueider expone las tensiones y desafíos en el manejo de la corrupción dentro de los organismos públicos. Con acusaciones que cruzan fronteras y procedimientos judiciales complejos, su desenlace podría marcar un precedente en la lucha contra estas prácticas en la política argentina.
