En defensa de la educación pública

La marcha se llevará a cabo en las principales ciudades del país, con epicentro en el Congreso de la Nación, donde distintas agrupaciones esperan presionar para que el veto no se concrete. Esta movilización es respaldada por diversos sectores: gremios universitarios, sindicatos, movimientos sociales, y organismos de derechos humanos. Todos comparten un mismo objetivo: proteger el futuro de las universidades públicas.

El contexto no podría ser más tenso. En los últimos días, el Gobierno ha redoblado sus críticas hacia el sistema universitario, alimentando un discurso de sospechas y acusaciones. Desde la cuenta de X (antes Twitter), Milei ha sostenido su postura beligerante, apoyado por figuras como José Luis Espert y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quienes han lanzado afirmaciones sobre “alumnos inventados” y docentes con “sueldos millonarios”, en un intento de deslegitimar la protesta.

Según Espert, algunos docentes cobrarían hasta dos millones de pesos al mes, una afirmación que ha sido desmentida en repetidas ocasiones por los rectores universitarios, quienes señalan que más del 60% de los trabajadores se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Por su parte, Pettovello ha insistido en que gran parte de los estudiantes no se encuentra en actividad, reiterando una narrativa que, según los rectores, carece de fundamento en el funcionamiento actual del Sistema de Información Universitaria (SIU).

El rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Oscar Arellano, ha respondido contundentemente: “Es sorprendente su desconocimiento sobre cómo funciona el sistema universitario”, en alusión a las declaraciones de Carlos Torrendell, secretario de Educación de la Nación, quien también ha sugerido que las universidades inflan sus cifras de estudiantes.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Senado el pasado 12 de septiembre con un amplio margen, propone una recomposición salarial para docentes y no docentes, que entraría en vigor en diciembre de este año. El impacto económico estimado de la ley es de $738.595 millones, equivalente a un 0,14% del PBI, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sin embargo, la administración de Milei ha dejado en claro que, para ellos, la prioridad es el "equilibrio fiscal", por lo que vetar la ley parece inevitable.

El vocero presidencial Manuel Adorni ha intentado suavizar la posición oficial, señalando que el Gobierno no está en contra de las universidades ni del reclamo en sí, sino de la aprobación de leyes sin partidas presupuestarias asignadas. Aun así, sus comentarios no han logrado calmar los ánimos, y la marcha sigue en pie con la expectativa de que la presión popular logre revertir el veto antes del plazo final, el 3 de octubre.

Con un escenario de creciente conflictividad, la movilización se espera contundente, como lo fue en la edición de abril, cuando las universidades lograron forzar al Gobierno a reconocer los gastos operativos. Para el rectorado y los gremios, esta es una lucha por la supervivencia de la educación pública. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, enfatizó: “Si la movilización es muy masiva, vamos a estar más cerca de que algún diputado que quiera cambiar su voto lo piense dos veces”.

La comunidad universitaria, unida en su diversidad, volverá a las calles este miércoles, en defensa no solo de salarios dignos, sino también del modelo de educación pública y gratuita que ha sido un emblema en Argentina y en toda América Latina.

El miércoles será clave para definir si las universidades logran evitar el veto o si, como todo indica, el Gobierno seguirá adelante con su política de ajuste.