Redacción ARG360
(Imagen: AFP)
La decisión presidencial de vetar la ley de movilidad jubilatoria, que había sido aprobada hace apenas dos semanas, desató un clima de tensión social y política que rápidamente se trasladó a las calles.
Un Congreso dividido
El debate dentro del recinto estuvo lejos de ser unánime. Mientras que Milei contó con el apoyo de sectores afines a su proyecto liberal, la oposición, encabezada por bloques peronistas y progresistas, rechazó rotundamente la medida. La división también se sintió en el bloque radical, donde algunos legisladores votaron a favor del veto mientras otros decidieron desmarcarse, generando grietas internas.
La ley vetada proponía un incremento en los haberes jubilatorios que buscaba paliar los efectos de la inflación en uno de los sectores más vulnerables de la población. Sin embargo, el Ejecutivo argumentó que dicho aumento pondría en riesgo las finanzas públicas y aceleraría el déficit fiscal.
Protestas y represión
Mientras el debate se llevaba a cabo dentro del Congreso, afuera las calles se llenaron de manifestantes. Movimientos piqueteros, sindicatos y agrupaciones políticas cercanas al kirchnerismo, como La Cámpora y sectores ligados a Hugo Moyano, se congregaron en rechazo al veto presidencial. Lo que comenzó como una marcha pacífica pronto se vio envuelto en disturbios, cuando la policía, en un intento por despejar las calles, utilizó balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
La tensión escaló rápidamente. Los enfrentamientos dejaron varios heridos, tanto entre manifestantes como entre efectivos de seguridad. Las organizaciones sociales denunciaron una represión injustificada y exigieron explicaciones por parte de las autoridades, mientras que el Ministerio de Seguridad defendió el operativo como necesario para evitar mayores disturbios.
Repercusiones políticas
El veto presidencial y los incidentes posteriores reflejan la polarización política que atraviesa el país. Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof expresó su repudio tanto al veto como a la represión. "Este es un ataque directo a nuestros jubilados y al derecho a manifestarse", declaró en un acto posterior. Además, destacó que el ajuste sobre los sectores más vulnerables no es la salida a la crisis económica que enfrenta Argentina.
Por su parte, referentes de la oposición también alzaron la voz. El bloque peronista calificó la medida de Milei como una traición a los sectores más desfavorecidos, mientras que el ala más progresista denunció que esta política económica está diseñada para proteger los intereses del mercado en detrimento de la población jubilada.
El futuro de la ley
A pesar de la aprobación del veto, los sectores opositores han prometido seguir impulsando una nueva ley que garantice un aumento en los haberes jubilatorios. "No vamos a dejar que esta medida sea el último capítulo en la lucha por los derechos de nuestros jubilados", aseguró un referente de La Cámpora durante la movilización.
Con las calles nuevamente como escenario de la disputa política, el conflicto sobre la ley de movilidad jubilatoria parece lejos de resolverse. La presión social continúa en aumento, y los próximos días serán claves para determinar el rumbo que tomará el país frente a esta crisis.
