“Una rosa obtiene su color y fragancia de la raíz,
y el hombre su virtud de su infancia” (Austin O'Malley)
En la Argentina, los niños y adolescentes habitan el presente. Están en las aulas, en los hospitales, en los barrios, en familias atravesadas por tensiones económicas y sociales. Garantizar sus derechos no es un gesto de buena voluntad ni una consigna bienintencionada: es una obligación legal, ética y colectiva.
Nuestro país cuenta con un marco normativo claro. La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce a los menores de 18 años como sujetos plenos de derecho, y no como objetos de tutela. Esto implica responsabilidades concretas para el Estado, las familias y la comunidad en su conjunto.
Esta ley se articula con la Convención sobre los Derechos del Niño (que en Argentina tiene jerarquía constitucional) y con el Código Civil y Comercial de la Nación, que establece la prioridad de la protección, la salud, la educación y la participación de niñas, niños y adolescentes en todas las decisiones que los involucren.
Uno de los ejes centrales del sistema es el principio del interés superior del niño. Lejos está de ser una consigna abstracta, porque se trata de una obligación que exige que cada política pública, cada decisión administrativa y cada intervención judicial busquen la máxima satisfacción posible de sus derechos.
Entre esos derechos se encuentra el de ser escuchados. Los niños y adolescentes pueden participar en los procesos judiciales y administrativos que los afectan, y su opinión debe ser considerada según su edad y grado de madurez. Escuchar es reconocer que también tienen voz y que esa voz importa.
La ley también prevé medidas urgentes de protección ante situaciones de violencia, abandono o vulneración de derechos, y establece organismos específicos para intervenir cuando el entorno familiar no puede garantizar el cuidado. Las herramientas existen. El desafío es que se conozcan y se activen a tiempo.
Recordarlo es fundamental: los derechos de niños y adolescentes no dependen de la voluntad de los adultos, sino del cumplimiento efectivo de la ley. Cuando el Estado falla, la comunidad tiene el deber de exigir. Cuando la sociedad mira hacia otro lado, la infancia paga el precio.
Cuidar a los niños es cuidar el presente. Y también el futuro. Es, en definitiva, una manera concreta de medir qué tipo de sociedad estamos dispuestos a construir.
Gerardo Lucá Samoilov es abogado, docente universitario (UCES) y conferencista. Ha sido dirigente de organizaciones de colectividades a nivel nacional y del Rotary Internacional. Trabaja desde hace años en el ámbito judicial y en la formación cívica. En GLS, su nueva columna en ARG360, comparte herramientas de orientación ciudadana para acercar el derecho a la vida cotidiana.
