La información pública también es un derecho

“La corrupción es usar mal aquello que debería servir a todos. Es tomar una herramientadiseñada para construir
y usarla para destruir. Es pervertir la función natural de las instituciones” (Aristóteles)

El filósofo griego escribió esta frase hace más de dos mil años, cuando la política todavía se pensaba como un ejercicio moral y no como una batalla permanente. Según él, la corrupción no era solo un delito: era una forma de desorden. 

Ocurre cuando las instituciones dejan de cumplir su función y se vacían de sentido. La definición parece antigua, pero en realidad es incómodamente actual.

En la Argentina de hoy, cada vez que se habla de corrupción, el debate suele convertirse en ruido: acusaciones, consignas, indignación que dura lo que dura un titular. 

Sin embargo, hay un derecho concreto, silencioso y eficaz, que casi nunca se menciona: el derecho de cualquier ciudadano a pedir información al Estado y a recibirla.

No es una concesión. No es un favor. Es un derecho.

Desde 2016, con la sanción de la Ley 27.275, cualquier persona puede solicitar información pública a los organismos del Estado. No hace falta ser abogado, periodista ni especialista. No hay que explicar los motivos del pedido. No hay que pagar nada. El Estado está obligado a responder, y a hacerlo en un plazo razonable, con información completa y verificable. Si no lo hace, la ley prevé sanciones.

Y, sin embargo, muy pocos ciudadanos usan esta herramienta.

¿Por qué? Porque nadie nos enseñó que existía. Porque el derecho, muchas veces, suele presentarse como algo lejano, técnico, reservado para expertos.

Y porque el acceso a la información sigue siendo visto como una excepción, cuando en realidad debería ser la regla.

La ley de acceso a la información pública no es solo una norma administrativa: es una herramienta de control democrático. Permite saber cómo se toman decisiones, cómo se gastan los recursos, cómo se gestionan los bienes comunes. Permite que la ciudadanía deje de ser espectadora y empiece a ser parte.

Cuando un ciudadano pide información, el Estado se ve obligado a rendir cuentas. Y cuando el Estado rinde cuentas, la calidad institucional mejora.

Este derecho puede ejercerse frente a organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, comunas, entes autárquicos, empresas estatales y también entidades privadas que reciben fondos públicos. Es decir: allí donde hay dinero, decisiones o recursos de todos, hay derecho a preguntar.

Para transformar el futuro de nuestro país es imprescindible la participación ciudadana. Cuantos más seamos, mucho mejor. 

Se trata de eso: participar y entender que la democracia no se agota en el voto, sino que se construye todos los días, también con preguntas.

El acceso a la información pública es, además, la puerta de entrada a otros derechos: educación, salud, vivienda, trabajo, libertad de expresión. 

Sin información, no hay ciudadanía plena. Sin información, no hay posibilidad real de exigir lo que nos corresponde.

Por eso, usar esta ley no es un gesto técnico. Es un verdadero acto cívico.

Y quizás, en un país golpeado por la desconfianza, empezar a preguntar sea una forma de empezar a reconstruir.

Gerardo Lucá Samoilov es abogado, docente universitario (UCES) y conferencista. Ha sido dirigente de organizaciones de colectividades a nivel nacional y del Rotary Internacional. Trabaja desde hace años en el ámbito judicial y en la formación cívica. En GLS, su nueva columna en ARG360, comparte herramientas de orientación ciudadana para acercar el derecho a la vida cotidiana.