
La defensa a ultranza del equilibrio fiscal y el superávit primario se ha convertido en el pilar innegociable de la política económica argentina reciente


La presentación del Presupuesto 2026 en cadena nacional, más allá de su tono conciliador, es un documento que revela la estrategia del gobierno nacional y su potencial impacto diferenciado en el mundo PyME de la provincia de Buenos Aires
Columna PyME Nicolás Serafini
Si bien el mensaje oficial se centró en la solidez fiscal, un análisis más detallado de sus partidas muestra un panorama complejo para las pequeñas y medianas empresas, con realidades muy distintas para las del Conurbano y las del interior productivo.
​El presupuesto, si bien busca el superávit, lo hace a expensas de la inversión productiva. La reducción del gasto en obra pública es la principal señal de alerta. Este recorte impacta directamente en las PyMEs industriales del Conurbano, que históricamente han sido proveedoras de insumos para la construcción y la obra pública, como cemento, hierro, caños y materiales eléctricos. Para este sector, la falta de inversión estatal significa un mercado contraído y una competencia feroz por una porción más pequeña de la torta. Aunque la UIA (Unión Industrial Argentina) e IPA (Industriales PyMEs Argentinos) han reclamado una visión más productiva y no solo fiscalista, el presupuesto no ofrece un alivio concreto, y las medidas de fomento crediticio son insuficientes para compensar la falta de demanda.
​Para las PyMEs agroproductivas del interior bonaerense, el panorama es igualmente desafiante, aunque con matices. El Presupuesto 2026 no contempla una baja de las retenciones a las exportaciones, lo que era un reclamo histórico del sector. Si bien se proyecta un crecimiento del 2.7% para el agro, este crecimiento se basa en una mayor recaudación de impuestos al sector, lo que se traduce en una menor rentabilidad para el productor. La promesa de una "libertad de mercado" que tanto resonó en el interior parece, en este documento, postergada en pos del equilibrio fiscal. La única medida de alivio fiscal es el cómputo del 45% del impuesto sobre combustibles líquidos como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, un beneficio que, si bien es bienvenido, no compensa las retenciones y la falta de inversión en infraestructura rural, como caminos y redes de riego, que también se ven afectadas por el recorte en obra pública.
​En resumen, el Presupuesto 2026 es un plan de ajuste que, desde la perspectiva de las PyMEs, no ofrece un camino de reactivación claro. La falta de inversión en obra pública afecta directamente a las PyMEs industriales del Conurbano, mientras que la falta de una reducción de retenciones y la escasa inversión en infraestructura perjudican a las PyMEs del interior. El voto del 7 de septiembre fue un llamado de atención para que el gobierno reconsiderara su estrategia. La cadena nacional y el presupuesto son la respuesta: un ajuste que continúa, pero con un tono más conciliador. Para las PyMEs, la gran tarea sigue siendo la de buscar la manera de sobrevivir en un contexto donde el Estado, en su afán por alcanzar el superávit, parece haber olvidado que el verdadero motor de la economía es la producción y la inversión privada, y no solo la recaudación.

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