Conferencia sobre Reducción de Daños en Bogotá

La ciudad de Bogotá fue sede, del 27 al 30 de abril, de la Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños, con más de 1.200 participantes de más de 80 países. Aunque podría parecer una sede ocasional, lo cierto es que Colombia viene dando pasos firmes hacia una nueva política sobre drogas: desde la regulación de la hoja de coca hasta el impulso de una mirada regional compartida con Bolivia y México.

El camino no es nuevo. En 2009, Evo Morales sorprendió al mundo al mascar coca frente a la ONU mientras pedía su despenalización. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de “reducción de daños”?

Se trata de un enfoque de políticas, programas y prácticas orientadas a minimizar los impactos negativos del consumo de sustancias en términos de salud, contexto social y consecuencias legales. Algunos ejemplos incluyen:

>Inspección de drogas, para verificar que una sustancia no esté adulterada y sea más segura su ingesta
>Salas de consumo supervisado, que previenen sobredosis y promueven el acceso a servicios de salud
>Programas sociales de vivienda o empleo que no exigen abstinencia como condición de acceso

En Argentina, el enfoque de reducción de daños ganó espacio en la agenda pública, especialmente con la sanción de la Ley 27.350 en 2022, que regula el uso medicinal del cannabis y la explotación del cáñamo con fines industriales. Esa victoria fue posible gracias al trabajo sostenido de organizaciones como Mamá Cultiva y muchas otras.

Además, proliferan iniciativas concretas como el testeo de sustancias en fiestas, impulsado por la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, que también participó en el desarrollo del Toxibot: una herramienta digital clave para la prevención y el acceso a información confiable.

Sin embargo, con el gobierno de Javier Milei, el escenario cambió drásticamente. Se intensifica la criminalización del consumo con un discurso de "guerra contra las drogas", y se desmantelan políticas públicas que habían sido avances significativos. Ejemplo de ello es la baja del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), entre otras decisiones regresivas.

¿Por qué insistir con una política de reducción de daños?

El caso colombiano resulta especialmente significativo. Como principal productor mundial de cocaína —aportando el 70% del mercado global—, Colombia atraviesa una transformación. El presidente Gustavo Petro propone regular tres plantas: el cáñamo, la amapola y la hoja de coca. En marzo, la canciller Laura Sarabia pidió formalmente a la ONU la exclusión de la hoja de coca de la lista de sustancias más peligrosas. Petro lo reforzó públicamente:

“La hoja de coca no es cocaína. Se puede usar de múltiples formas sin el alcaloide. Luchamos junto a Bolivia para que se quite la prohibición y se avance en usos legales de la hoja.”
No se trata solo de discursos. A fines de 2023, el ministro de Justicia presentó un borrador de decreto que otorga al Consejo Nacional de Estupefacientes la potestad para otorgar licencias de semillas, cultivo y uso. Esto permitiría no solo una regulación estatal efectiva, sino también beneficios concretos para campesinos que hoy son perseguidos por cultivar una planta ancestral. Legalizar su uso aportaría a la disminución de la violencia y abriría oportunidades en sectores agroindustriales, gastronómicos y medicinales.

El principal obstáculo no es técnico, sino simbólico y cultural: el estigma. Como dijo el propio presidente Petro,

“La hoja de coca solo está prohibida porque se produce en América Latina.”
Este es un paso —quizás primitivo, pero firme— hacia un modelo que busca reducir la mortalidad por consumo, garantizar derechos y evitar que las personas usuarias sean criminalizadas. Porque, ya lo sabemos: la guerra contra las drogas ha fracasado.

Años de persecución, punitivismo y estigmatización no resolvieron nada. En Argentina, la ministra Patricia Bullrich insiste en una retórica bélica que nos aleja de cualquier solución real. Lo vemos en Rosario, donde la violencia del narcotráfico se desata sobre la sociedad civil. Porque si hay una guerra, es la del narcotráfico contra los barrios, y la represión estatal no ha hecho más que empeorar las cosas.

La reducción de daños propone un enfoque basado en la salud, los derechos humanos y la evidencia. Lo contrario a la clandestinidad, el abandono y la muerte.