Redacción ARG360
Si bien el oficialismo argumenta que la desvinculación responde a una defensa de la "soberanía sanitaria" y al rechazo de las políticas promovidas por la organización durante la pandemia, el mecanismo para concretarla no es simple y podría enfrentar trabas legales. A su vez, especialistas advierten que la salida del país del organismo tendría un impacto económico y sanitario significativo.
La adhesión de Argentina a la OMS data de 1948 y se formalizó a través de la ley nacional 13.211. Según el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, al tratarse de un tratado internacional, cualquier desvinculación debería contar con la aprobación previa del Congreso con una mayoría simple. Además, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que la salida de un Estado miembro debe ser notificada con al menos doce meses de antelación, lo que implica que el proceso no sería inmediato.
Sin embargo, algunos sectores del oficialismo sostienen que la desvinculación podría ser decidida por el Ejecutivo a través de la Cancillería, ya que la OMS opera por convenios y no por tratados tradicionales. Además, la Ley Bases aprobada en 2024 otorgó amplias facultades delegadas al Gobierno, lo que podría facilitar una salida por decreto sin necesidad de pasar por el Congreso.
Más allá del debate legal, los efectos de abandonar la OMS podrían ser significativos. Desde la Fundación Soberanía Sanitaria y la Fundación Huésped advirtieron que la salida podría encarecer la compra de vacunas e insumos sanitarios, ya que Argentina perdería acceso al Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un mecanismo que permite la adquisición conjunta de medicamentos a menor costo.
Leandro Cahn, director ejecutivo de la Fundación Huésped, alertó que Argentina podría quedar excluida de sistemas internacionales de información epidemiológica y de financiamiento para estrategias de prevención en enfermedades como el VIH, la tuberculosis, el dengue y la fiebre hemorrágica. También podría afectar la cooperación con laboratorios como el INCUCAI, el Malbrán y la ANLIS, que actualmente trabajan en redes internacionales avaladas por la OMS.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, sumó que Argentina perdería acceso a capacitaciones, estudios científicos y análisis de impacto epidemiológico, lo que reduciría la capacidad de respuesta del país ante futuras pandemias y brotes de enfermedades.
La decisión de Milei ya encontró resistencia en el Congreso. El bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto para ratificar la permanencia de Argentina en la OMS, destacando que la desvinculación podría tener "consecuencias nefastas" en la salud pública y el acceso a medicamentos. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, sostuvo que "ante la avanzada negacionista y anticiencia, es crucial que el Congreso actúe como un dique de contención para proteger la salud de 47 millones de argentinos".
Por su parte, el diputado radical Julio Cobos también expresó preocupación por las posibles repercusiones de la salida y solicitó al Gobierno que reconsidere la decisión.
Mientras el Gobierno insiste en su determinación de abandonar la OMS, el camino para hacerlo aún es incierto. La falta de claridad sobre el mecanismo legal y las advertencias sobre las consecuencias económicas y sanitarias mantienen abierta la discusión en el ámbito político y académico. En los próximos meses, el debate en el Congreso y las posibles impugnaciones judiciales podrían definir si Argentina finalmente se aleja de la principal organización de salud global o si el intento del oficialismo queda solo en un anuncio político sin efectos concretos.
