Intercargo pierde el control de la rampa

Esta decisión fue comunicada en una conferencia encabezada por el vocero presidencial Manuel Adorni, junto al ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el secretario de Transporte Franco Mogetta, y permitirá que empresas privadas ofrezcan servicios que hasta ahora gestionaba la estatal Intercargo, como la carga y descarga de equipaje y la asistencia en tierra a pasajeros y aeronaves.

Sturzenegger contextualizó la medida dentro de un programa de apertura de mercado que comenzó el año anterior, con la desregulación de tarifas y rutas aéreas. El funcionario destacó que esta nueva norma permite que otros actores, incluso no relacionados directamente con aerolíneas, puedan ingresar al sector. Mogetta, por su parte, explicó que esta ampliación en la competencia generará mayor eficiencia en la gestión aeroportuaria y reducirá costos para los usuarios.

Uno de los puntos más polémicos fue la decisión de permitir que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y otras fuerzas federales intervengan en casos de conflicto gremial. Bullrich justificó esta intervención señalando los efectos que la reciente huelga de Intercargo tuvo sobre miles de pasajeros, quienes quedaron varados en vuelos y aeropuertos bajo condiciones extremas. La ministra fue clara en su mensaje: "Ningún terrorista sindical podrá secuestrar pasajeros y arruinar sus planes. La PSA intervendrá para garantizar la normalidad en estos casos."

Juan Pablo Brey, secretario general de Aeronavegantes, criticó duramente la medida, señalando que esta "es todo humo, inventos y mentiras". Según Brey, la desregulación no responde a un objetivo de eficiencia, sino a un "negocio para amigos del Gobierno". Además, denunció que el conflicto original con Intercargo es de carácter salarial, ya que los sueldos están desfasados un 90% en comparación con la inflación. En esta línea, cuestionó la presencia de la ministra Bullrich en lugar de abordar temas de seguridad nacional.

Para muchos, esta decisión significa el "fin de Intercargo tal como lo conocemos", un punto que destacó el vocero Adorni al referirse al "sistema macabro" que, según él, dominaba la operación aeroportuaria en Argentina. La medida ha generado una fuerte reacción entre los trabajadores del sector, que consideran que la desregulación responde a un enfoque ideológico y económico que prioriza la rentabilidad privada por encima de los derechos laborales.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei, en medio de su política de austeridad, ha redoblado su discurso y acciones contra lo que considera "privilegios insostenibles" de Aerolíneas Argentinas. La aerolínea, subsidiada principalmente por el Tesoro Nacional, representa una de las principales controversias de su administración. Según el presidente, solo un 2% de la población utiliza este servicio, que anualmente pierde alrededor de 700 millones de dólares, y argumenta que estos recursos podrían reorientarse a necesidades más urgentes como la pobreza infantil. Este posicionamiento ha polarizado las opiniones públicas, mientras el Ejecutivo examina alternativas para aliviar el déficit de la empresa.

Milei ha dado un ultimátum a los gremios aeronáuticos, instándolos a presentar una propuesta de reducción de costos laborales. Fuentes oficiales destacan que las actuales condiciones gremiales dificultan encontrar inversores interesados en la empresa; "ni regalada" la aceptarían en estas circunstancias, se comenta. Mientras, algunos sectores del gobierno son escépticos sobre las concesiones sindicales, aunque consideran implementar el Procedimiento Preventivo de Crisis como alternativa. Este mecanismo podría resultar en la intervención estatal o la suspensión de ciertos empleados, aunque no está claro si sería aplicable a Aerolíneas al ser un servicio esencial.

La situación se agrava con cada enfrentamiento gremial, que, según algunos analistas, deteriora el valor de la marca. En tanto, Milei considera que Aerolíneas Argentinas podría sobrevivir si pasa a la órbita privada. El mandatario sugiere, además, que la conectividad nacional podría ser garantizada por empresas privadas bajo condiciones específicas, eliminando así la necesidad de mantener una “línea de bandera” estatal.