Milei y los costos que va a dejar para mejorar el país

El 21 de julio, la Cámara de Apelaciones de Washington confirmó la condena contra el Estado argentino por la expropiación de Aerolíneas: US$ 391 millones más intereses. El ganador es Titan Consortium, un fondo cuyos dueños se mantienen en el anonimato. El laudo del CIADI por la expropiación de 2008 está firme desde 2019; lo único en discusión eran los plazos de ejecución, y la justicia estadounidense los dio por vigentes en las dos instancias. Desde el laudo, los intereses ya sumaron US$ 70 millones.

Titan cobra un juicio que compró. El grupo Marsans, dueño de Aerolíneas hasta 2008, quebró en España y su titular terminó preso por vaciamiento; en el concurso, la firma británica Burford Capital financió el arbitraje con US$ 12,8 millones y en 2018 vendió su participación por US$ 107 millones: un retorno del 736%, según celebró su propio comunicado oficial, sin haberle cobrado un dólar a la Argentina. Esa es la especie: fondos que compran pleitos contra Estados como quien compra un bono a descuento, para cobrarlos a valor pleno en tribunales del Norte. Los buitres de los bonos, los de la saga de Griesa, mutaron en buitres de laudos. Cobra el que compró el papel; el damnificado original salió de la historia hace años.

La especie prospera donde se dan tres condiciones, y las tres son decisiones de política. La primera es la jurisdicción ajena: los 46 tratados bilaterales de inversión de los noventa, la adhesión al CIADI de 1994 y la reforma constitucional que puso los tratados por encima de las leyes archivaron la doctrina Calvo y regalaron el fuero: con 62 demandas y condenas por US$ 9.200 millones, somos el país más demandado del planeta. La segunda condición es el stock de expedientes que dejan las privatizaciones fallidas de sectores estratégicos: donde hubo remate y vaciamiento, después hubo rescate, y cada rescate quedó facturado en Washington. La tercera es el tiempo: la dilación engorda los intereses que el fondo cosecha. Sin fuero externo, sin privatizaciones que revertir y sin demoras, está industria del juicio buitre no existiría.

El patrón argentino es de manual y se repite en cuatro sectores. Las AFJP, creadas en 1994, terminaron revertidas en 2008 y todavía generan reclamos de aseguradoras neerlandesas ante el CIADI. El agua, privatizada en 1993, colapsó con la convertibilidad, le dejó al país laudos como el de Suez por US$ 405 millones y volvió al Estado en 2006 como AySA. Aerolíneas se vendió dos veces, en 1990 y en 2001, las dos ventas terminaron en endeudamiento y vaciamiento, y la recuperación de 2008 se está pagando ahora: 391 millones. YPF, privatizada en los noventa, sufrió la desinversión de Repsol, fue recuperada en 2012, y esa recuperación costó US$ 5.000 millones en bonos para la petrolera española más el pleito de Burford, que compró en la quiebra de Petersen por US$ 16,5 millones un reclamo de US$ 16.100 millones, perdió en la Cámara de Nueva York en marzo y ya anunció su plan B: el CIADI, vía el tratado con España de 1991. La secuencia es idéntica en los cuatro casos: privatizar lo estratégico obliga, tarde o temprano, a recuperarlo, y recuperar se paga en tribunales ajenos. Expropiar sale caro; la manera de no expropiar es no rifar.

Detrás del patrón hay una razón económica, ajena a cualquier nostalgia. Los sectores estratégicos son las redes de las que depende todo lo demás: la energía, el agua, la conectividad, el ahorro previsional. Combinan monopolios naturales, horizontes de inversión que el capital privado rara vez banca y beneficios sociales que ningún balance empresario captura: la ruta aérea que sostiene una economía regional, la perforación de riesgo que abre una cuenca, la red cloacal que baja la mortalidad infantil. Por eso el que controla decide, y el que decide define el desarrollo. YPF recuperada motorizó Vaca Muerta y el superávit energético que hoy equilibra las cuentas externas. Aerolíneas ordenada cerró 2025 con un superávit operativo de US$ 113 millones, sin un peso del Tesoro por primera vez desde 2008, y llegó a ser la única aerolínea en 22 destinos del interior. El control estatal de lo estratégico rinde: en divisas, en territorio y en capacidad de decisión.

Los países que admiramos resolvieron esta discusión hace décadas. Noruega construyó su fondo soberano sobre el control estatal de Equinor. Chile conserva Codelco, y ni la dictadura de Pinochet se atrevió a venderla. Brasil sostiene Petrobras como palanca de su política energética. Francia acaba de renacionalizar EDF al cien por ciento y Alemania rescató a Lufthansa con fondos públicos cuando la pandemia la puso al borde. En el mundo serio, la propiedad de lo estratégico está saldada; lo que se discute, y es atendible, es la calidad de la gestión.

El RIGI y su ampliación caminan en la dirección contraria. Atraer inversiones de gran escala en energía, semiconductores o inteligencia artificial es un objetivo que compartimos. El problema está en tres cláusulas. El régimen ata al Estado por 30 años, entrega los conflictos a tribunales externos —en el Súper RIGI con media sanción, ningún árbitro puede ser argentino y el inversor accede sin pasar por la justicia local— y omite requisitos verificables de contenido nacional, el punto donde el IAG, Futuros Mejores, Grupo Paternal o CEPA o hasta la UIA, y Fundar, advirtieron sobre una economía de enclave.

Una estrategia de país se reconoce por cuatro gestos: define qué sectores son estratégicos, construye empresas capaces de conducirlos, en un ambiente propicio para la inversión privada, negocia la inversión extranjera con condiciones de encadenamiento y se guarda la jurisdicción para sus propios tribunales. El Gobierno exhibe el gesto inverso en los cuatro planos: reprivatiza el agua con ofertas al 27 de agosto y sin precio base, empuja la venta de una aerolínea superavitaria, blinda los sectores nuevos con fuero externo y llama a todo eso libertad. Es un reflejo, y los reflejos se pagan: la factura de Aerolíneas la firmó la convertibilidad y la cobra un fondo anónimo treinta años después.

Sabemos cómo termina este contrato porque todavía lo estamos pagando. La discusión que nos debemos como sociedad tiene una sola pregunta al centro: quién decide sobre lo que nos hace posibles como país, cómo generamos muchos y buenos empleos y ante qué tribunal respondemos.

Hernán P. Herrera es coordinador del área de economía del Instituto Argentina Grande (IAG).