“La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor al cruzar las fronteras”
(Papa León XIV)
En Argentina, la política migratoria volvió al centro del debate.
El presidente de la Nación firmó recientemente el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, una norma que modifica aspectos centrales de la Ley de Migraciones 25.871 e incorpora nuevas causales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o que ultrajen los símbolos patrios.
Más allá del contenido del decreto, la discusión también se traslada al plano institucional.
La Ley de Migraciones, sancionada en 2003, marcó un cambio profundo en la legislación argentina al reconocer la migración como un derecho humano esencial. Ese principio orientó durante más de dos décadas una política basada en la igualdad, la no discriminación y el respeto por la dignidad de las personas migrantes, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el país.
Por eso, cuando una norma de esa magnitud es modificada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, aparece una pregunta inevitable: ¿hasta dónde puede llegar el Poder Ejecutivo cuando se trata de alterar derechos establecidos por una ley aprobada por el Congreso?
La Constitución prevé el uso de los DNU como una herramienta excepcional, reservada para circunstancias específicas. Su utilización para reformar aspectos sustanciales de una legislación que organiza derechos y garantías abre un debate jurídico que excede el contenido concreto de la reforma y alcanza al funcionamiento mismo del sistema republicano.
Naturalmente, todo Estado tiene el deber de proteger a su población y preservar el orden público. Pero ese objetivo convive con otro principio igualmente importante: cualquier restricción sobre derechos fundamentales debe respetar el marco constitucional y los tratados internacionales que integran nuestro orden jurídico.
Por eso, las reformas migratorias requieren algo más que una decisión administrativa. Requieren debate democrático, discusión parlamentaria y un equilibrio capaz de proteger tanto los intereses nacionales como la dignidad de las personas.
Mientras tanto, la vida cotidiana ofrece otra imagen.
En las escuelas, los hospitales, los barrios y los lugares de trabajo, argentinos y migrantes construyen todos los días una convivencia que forma parte de la historia del país. Distintas culturas, religiones y nacionalidades conviven desde hace generaciones y han contribuido a construir una sociedad diversa.
La migración nunca fue solamente una cuestión jurídica. También forma parte de la identidad argentina.
Y cada vez que las reglas cambian, conviene preguntarse cómo impactarán sobre esa realidad que ya existe mucho antes que cualquier decreto.
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Gerardo Lucá Samoilov es abogado, docente universitario (UCES) y conferencista. Ha sido dirigente de organizaciones de colectividades a nivel nacional y del Rotary Internacional. Trabaja desde hace años en el ámbito judicial y en la formación cívica. Publicó el libro “Tomá tus herramientas” (ARG Editorial, 2026) donde comparte herramientas de orientación ciudadana para acercar el derecho a la vida cotidiana.
