“La discapacidad no define límites. La verdadera barrera aparece cuando
faltan derechos; con apoyo y respeto, la superación es un camino posible.”
En la Argentina, miles de personas con discapacidad atraviesan ese escenario todos los días. La accesibilidad no siempre está garantizada, la inclusión en educación y empleo sigue siendo limitada, y el acceso a prestaciones depende muchas veces de un sistema que funciona con tensiones permanentes.
En ese contexto, el rol del Estado resulta central. Implica garantizar accesibilidad universal, sostener políticas públicas inclusivas en educación, salud y trabajo, y asegurar que el marco legal funcione como una herramienta concreta de protección y ampliación de derechos.
El sistema vigente tiene una base normativa clara. La Ley 24.901 establece el esquema de prestaciones básicas para personas con discapacidad y se encuentra respaldada por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, con jerarquía constitucional en la Argentina. Allí se fijan principios clave: igualdad, no discriminación, accesibilidad, autonomía y participación plena en la vida social.
Sobre ese marco se construyó un sistema que, con dificultades, logró sostener cierto nivel de cobertura.
Hoy, ese sistema está en discusión.
En los últimos días, el gobierno nacional presentó en el Senado un proyecto de reforma del régimen de discapacidad, en línea con su política de ajuste fiscal. La iniciativa forma parte de una secuencia más amplia: primero se intentó vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), luego se demoró su implementación hasta que intervino la justicia y ahora se propone modificar su alcance.
La Ley 27.793 había sido pensada para evitar el colapso del sistema: garantizar prestaciones, regularizar pagos y actualizar aranceles frente a la inflación. En la práctica, funcionaba como un mecanismo de contención en un contexto crítico.
Uno de los puntos centrales de la reforma es la eliminación del nomenclador nacional, que hoy fija valores de referencia para prestadores e instituciones. Su desaparición trasladaría esa regulación al mercado. En un sistema ya tensionado, esto abre un escenario de mayor incertidumbre y desigualdad en el acceso a los servicios.
El otro eje sensible aparece en el acceso a las pensiones. El proyecto mantiene el monto, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, pero modifica el criterio de acceso. Se abandona el enfoque de protección social vinculado al Certificado Único de Discapacidad (CUD) y se retoma un esquema de invalidez laboral. En términos concretos, solo podrían acceder quienes estén imposibilitados de trabajar.
El efecto es inmediato: se reduce el universo de beneficiarios y quedan afuera personas que hoy combinan discapacidad con algún nivel de inserción laboral.
El cambio redefine el modo en que se interpreta la discapacidad dentro del sistema de derechos. También redefine el alcance de la protección estatal.
Cuando el marco legal se debilita, las consecuencias aparecen en la vida cotidiana: dificultades para sostener tratamientos, obstáculos en la educación, barreras para trabajar y mayor exposición a situaciones de discriminación.
Por eso, cualquier modificación en este campo exige una decisión política clara. Está en juego el sostenimiento de derechos construidos a lo largo del tiempo y la posibilidad de ampliarlos frente a nuevas realidades.
En un sistema donde muchas personas dependen de estas prestaciones para sostener su vida diaria, cada cambio tiene impacto directo.
La discapacidad no puede ser absorbida por una lógica de ajuste. Porque cuando la protección retrocede, lo que queda en tensión es la posibilidad concreta de inclusión.
Y ahí el derecho deja de ser una discusión técnica para convertirse en una herramienta que ordena (o desordena) la vida social.
>>>
Gerardo Lucá Samoilov es abogado, docente universitario (UCES) y conferencista. Ha sido dirigente de organizaciones de colectividades a nivel nacional y del Rotary Internacional. Trabaja desde hace años en el ámbito judicial y en la formación cívica. En GLS, su nueva columna en ARG360, comparte herramientas de orientación ciudadana para acercar el derecho a la vida cotidiana.
