Redacción ARG360
En un movimiento que sorprendió a los círculos políticos y mediáticos, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que exige a los periodistas profesionales, columnistas y comunicadores sociales la presentación de una declaración jurada patrimonial, similar a la que ya rige para los altos funcionarios del Estado.
La propuesta oficial, aún sin número de expediente, establece que toda persona que ejerza el periodismo de manera habitual y remunerada deberá declarar ante la Oficina Anticorrupción (OA) sus bienes, ingresos, posibles conflictos de interés y vínculos con empresas u organizaciones políticas. La medida alcanzaría también a quienes trabajen en medios digitales independientes.
“Buscamos garantizar la transparencia y evitar que intereses espurios condicionen la información que recibe la ciudadanía”, justificó el ministro del Interior en conferencia de prensa. “Si un periodista recibe dinero de un gobierno, de una corporación o de un partido, los lectores tienen derecho a saberlo”, agregó.
Reacciones encontradas
La iniciativa despertó un inmediato rechazo en las principales asociaciones de periodistas. La Federación de Periodistas advirtió que la ley “viola la libertad de expresión y el secreto de las fuentes”, ya que, argumentan, la declaración podría exponer a los informantes. “Obligar a revelar ingresos o vínculos es una forma de control previo y amedrentamiento”, señaló la entidad en un comunicado.
Desde el Colegio de Periodistas, en cambio, mostraron cierta apertura, aunque con reparos. Su presidente declaró: “No nos oponemos a la transparencia, pero esta ley debe ser debatida con el sector. Tal como está, abre la puerta a que el Estado investigue a quienes lo critican”.
La oposición parlamentaria también se mostró dividida. Mientras algunos bloques anticiparon su voto favorable, otros calificaron el proyecto como “autoritario”. La diputada opositora Marta Ríos sostuvo: “Primero es la declaración jurada, mañana será la censura previa. El Gobierno quiere amordazar a la prensa con un falso ropaje ético”.
Expertos dudan de su constitucionalidad
Especialistas en derecho constitucional consultados señalaron que la medida podría ser objetada ante la Corte Suprema. “La declaración jurada para funcionarios se justifica porque administran recursos públicos. Un periodista no administra fondos del Estado a menos que reciba pauta oficial. Meter a todos en la misma bolsa es desproporcionado”, explicó el abogado Luis Almada.
El proyecto establece multas e incluso la inhabilitación para ejercer el periodismo en caso de omisión maliciosa. El Gobierno espera tratar la ley en sesiones extraordinarias, aunque por ahora las comisiones de Libertad de Expresión del Congreso aún no han dictaminado.
Contexto de tensión
La propuesta llega en medio de un clima de creciente hostilidad entre el oficialismo y varios medios de comunicación críticos. Días atrás, el propio presidente había tildado a ciertos periodistas de “opositores encubiertos” y “defensores de intereses millonarios”. Organizaciones como Reporteros sin Fronteras ya manifestaron su “profunda preocupación” y advirtieron que la ley podría derivar en un “registro de periodistas oficialistas”.
Mientras tanto, en las redacciones cunde la incertidumbre. “Esto no es transparencia, es intimidación”, resumió una reconocida conductora de televisión que pidió reservar su nombre. “Si quieren saber lo que tengo, que revisen mis columnas. Mi patrimonio son mis ideas”.
