Redacción ARG360
En medio de una creciente controversia en redes sociales y el avance de lo que algunos sectores denominan una "campaña anti Argentina", el Gobierno nacional ratificó que las universidades públicas están habilitadas para cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país.
La ratificación fue realizada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien a través de su cuenta de X recordó que la medida se encuentra vigente desde la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, el 28 de mayo de 2025. "Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025", precisó el funcionario.
Qué establece el DNU
El artículo 35 del decreto modificó el apartado 2° bis de la Ley de Educación Superior N° 24.521. La normativa garantiza la gratuidad de los estudios de grado en instituciones estatales para los ciudadanos argentinos, tanto nativos como por opción, y para los extranjeros que cuenten con residencia permanente. Para estos grupos, la gratuidad implica "la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos".
En cambio, el DNU habilita a las instituciones de educación superior de gestión estatal a "establecer retribuciones por los servicios de educación para aquellos que no estuvieren incluidos en el párrafo anterior". Esto significa que cada universidad nacional tiene la potestad de definir si aplica aranceles a los estudiantes extranjeros sin residencia permanente y, en caso de hacerlo, establecer el monto y las condiciones de cobro.
El decreto también contempla que quienes no cuenten con residencia permanente "podrán ser titulares de becas en los casos en que ello sea previsto por los estatutos correspondientes o por los convenios celebrados" con otros estados u organismos nacionales e internacionales.
Contexto y reacciones
La ratificación del marco normativo se produjo luego de que el propio presidente Javier Milei publicara mensajes en redes sociales cuestionando a extranjeros que habían criticado a la sociedad argentina. "¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que has defendido algo en algún momento de tu vida", posteó el mandatario, y agregó: "Ahora el mundo va a ver hasta dónde puede llegar un país lleno de argentinos".
El Gobierno sostiene que la posibilidad de establecer aranceles "no implica eliminar la gratuidad de la educación superior para los ciudadanos argentinos ni para los extranjeros que cuenten con residencia permanente". La diferenciación, argumentan, se vincula con la condición migratoria de los estudiantes.
Sin embargo, la medida genera un intenso debate en el ámbito universitario. Las universidades vienen reclamando una actualización de sus partidas presupuestarias y una recomposición de los salarios docentes y no docentes. Organizaciones de la sociedad civil han señalado que el DNU "introduce reformas completamente regresivas en la normativa migratoria argentina" y que representa "un paso hacia la destrucción de la universalidad de los derechos, especialmente en lo que respecta al acceso a la salud y a la educación".
El debate parlamentario y judicial
El DNU 366/2025, firmado por el presidente y todo su gabinete, debe ser girado al Congreso, donde debe ser analizado por la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Legisladores de la oposición ya han presentado proyectos de resolución para declarar la nulidad absoluta e insanable del decreto.
En el plano judicial, la Cámara Nacional Electoral ya declaró la nulidad de los artículos del DNU que transferían a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina. La Corte Suprema de Justicia deberá resolver sobre la constitucionalidad del decreto en su totalidad.
Mientras tanto, la discusión sobre el arancelamiento a estudiantes extranjeros se extiende también al ámbito provincial. El diputado bonaerense de La Libertad Avanza Agustín Romo presentó un proyecto de ley que establece un régimen de arancelamiento para extranjeros no residentes en universidades de gestión estatal de la provincia de Buenos Aires.
Implementación sujeta a cada universidad
Cabe destacar que la decisión de implementar aranceles no es automática. Cada universidad nacional conserva la facultad de definir si hará uso de esa herramienta, en el marco de su autonomía. El Gobierno plantea que las universidades cuentan con autonomía para definir sus políticas y establecer criterios específicos para el cobro de servicios educativos a determinados grupos de estudiantes.
La discusión se da en paralelo al debate por el financiamiento universitario, uno de los principales puntos de conflicto entre el Gobierno y las casas de altos estudios, en un escenario donde la educación pública argentina enfrenta desafíos presupuestarios y políticos que definirán su rumbo en los próximos meses.
