Redacción ARG360
El holding empresario había aceptado desprenderse de 2,9 millones de clientes —casi la mitad de los seis millones que le exigía el Gobierno— y propuso transferirlos a dos compañías interesadas: una creada recientemente por un ex CEO de Telefónica que quedó afuera tras la venta y otra firma local presentada como alternativa en caso de objeciones oficiales. La propuesta, sin embargo, fue rechazada de plano por el Ejecutivo.
La negociación se desarrolla en el ámbito del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), organismo que responde políticamente a Rodrigo Lugones, hijo del ministro de Salud. El rechazo mantiene paralizada de hecho la fusión, que sigue sin ser aprobada ni rechazada formalmente, en lo que analistas del sector califican como un ejercicio de "kirchnerismo austríaco".
En marzo pasado, el ENACOM elevó un duro informe a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) en el que enumeró los requisitos indispensables para autorizar la operación. Entre las exigencias más gravosas se destacan:
Desinversión de 6 millones de clientes móviles con la infraestructura asociada en un plazo máximo de dos años (4 millones en el AMBA, 1 millón en la región norte y 1 millón en la sur).
Devolución de 130 megas de espectro en distintos tramos, incluyendo 60 megas a nivel nacional de forma inmediata.
Devolución de clientes de internet fija en localidades donde la participación de mercado supere el 50% y para permitir el ingreso a CABA.
Pago de deudas del Fondo de Servicios Universales e infracciones al sistema de telecomunicaciones.
Desistimiento del 100% de las acciones judiciales que el grupo Telecom mantiene contra el Estado argentino.
El conflicto de fondo se remonta a la decisión de Telefónica de vender su filial argentina. El Gobierno alentaba entonces al consorcio de empresarios locales conformado por Darío Werthein y Marcelo Mindlin, y también competía Marcelo Figoli, que inicialmente tenía buena sintonía con las autoridades. Sin embargo, Magnetto se adelantó a todos los competidores, obtuvo un crédito por 1.200 millones de dólares y cerró la operación al contado directamente con la casa matriz española.
Esa maniobra dejó al Gobierno descolocado y desató una reacción inmediata de Milei, que desde entonces mantiene un enfrentamiento abierto con el grupo. El propio presidente tiene fijado en su cuenta de X un tuit en el que califica a Clarín como "la gran estafa argentina" y alerta sobre los riesgos de una posición dominante: "Hoy quieren quedarse con el 70% de las telecomunicaciones argentinas... por su posición dominante podría cobrarte cualquier precio porque no habría competencia".
El problema estratégico para el Grupo Clarín es que la compra de Telefónica ya está concretada y pagada, y ahora deben afrontar los vencimientos de la deuda contraída sin que la operación se haya perfeccionado. La situación se agrava por el delicado momento financiero de Telecom: durante 2025 reportó ventas por $8,3 billones, pero cerró el ejercicio con una pérdida neta de $145.304 millones debido a una estructura de costos cada vez más dolarizada.
El rechazo del Gobierno deja a la megafusión en un punto muerto y abre un nuevo capítulo en la disputa entre la Casa Rosada y uno de los grupos económicos más poderosos del país, en una pulseada que combina intereses regulatorios, financieros y políticos.
