El temible operario del recontraespionaje

La decisión del gobierno de Javier Milei de reformar el sistema de inteligencia mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia no es un hecho aislado ni meramente técnico. Es una señal política. Una más, dentro de una secuencia de decisiones que privilegian la concentración de poder en el Ejecutivo y el atajo normativo como método de gobierno, incluso en áreas históricamente sensibles para la democracia argentina.

Bajo el argumento de la modernización y la eficiencia, el DNU introduce cambios estructurales en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que alteran equilibrios construidos tras décadas de aprendizaje institucional, muchas veces a partir de errores graves y costos sociales profundos. El problema no es solo qué se reforma, sino cómo y desde dónde se lo hace.

Seguridad sin debate, poder sin mediaciones
La ampliación de facultades para los agentes de inteligencia —incluida la posibilidad de realizar aprehensiones en determinadas circunstancias— marca un punto de inflexión. La frontera entre inteligencia y fuerzas de seguridad, deliberadamente trazada en los marcos legales posteriores a la última dictadura, aparece ahora difuminada. No se trata de una discusión semántica, sino de una definición política sobre el rol del Estado frente a su ciudadanía.

La inteligencia estatal opera, por definición, en zonas opacas. Por eso mismo, las democracias modernas refuerzan controles, supervisión parlamentaria y límites precisos. El DNU va en sentido inverso: más secreto, más discrecionalidad, menos control público. En nombre de la eficacia, se erosiona la transparencia.

El riesgo de normalizar la excepcionalidad
El Gobierno sostiene que la reforma se ajusta a estándares internacionales. Sin embargo, el recurso al decreto para rediseñar el sistema de inteligencia durante el receso legislativo debilita ese argumento. La urgencia no aparece claramente justificada. Lo que sí aparece es una lógica: gobernar por excepción y convertir la excepcionalidad en regla.

Esta modalidad no solo vacía de contenido al Congreso, sino que instala un clima político donde las decisiones estructurales se toman sin deliberación democrática amplia. En ese marco, la inteligencia deja de ser una herramienta del Estado para convertirse en un territorio de poder concentrado, con escasa rendición de cuentas.

Memoria institucional y advertencias presentes
La historia argentina ofrece motivos de sobra para abordar cualquier reforma en materia de inteligencia con prudencia. El espionaje interno, la persecución política y el uso faccioso de los servicios no son fantasmas lejanos. Son antecedentes concretos que explican por qué cada ampliación de atribuciones debería venir acompañada de mayores controles, no de menos.

Las advertencias de sectores políticos, especialistas y organizaciones civiles no apuntan a negar la necesidad de actualizar el sistema, sino a evitar que la seguridad se transforme en coartada para el debilitamiento de derechos y garantías.

El decreto ya está vigente, pero el debate está lejos de cerrarse. El Congreso conserva la facultad de rechazarlo cuando retome la actividad, y organizaciones civiles, juristas y referentes políticos anticipan una discusión intensa en torno al control civil de los servicios de inteligencia y los límites del poder ejecutivo.

Más allá de su desenlace legislativo, la decisión del Gobierno vuelve a poner en primer plano una pregunta clave para la democracia argentina: cómo garantizar seguridad y eficacia estatal sin resignar transparencia, controles republicanos y derechos fundamentales.