Redacción ARG360
Esta decisión, que recuerda a las controvertidas promesas de Donald Trump en la frontera entre Estados Unidos y México, impulsada como parte del "Plan Güemes" del Ministerio de Seguridad de la Nación, busca reforzar los controles fronterizos en la localidad de Aguas Blancas, donde el paso ilegal de personas y el contrabando son moneda corriente.
La licitación, publicada en el Boletín Oficial de Salta, detalla la instalación de un alambrado olímpico con alambre romboidal y postes de hormigón armado, destinado a guiar el tránsito migratorio hacia la oficina de Migraciones local. "Del lado boliviano se construyeron controles estrictos, pero del lado argentino no había una delimitación clara", explicó Virginia Cornejo, directora Nacional de Vigilancia y Control de Fronteras, quien destacó que esta obra busca "garantizar el orden en una zona que había quedado abandonada".
El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, subrayó la necesidad de esta medida: "La gente llegaba, ya sea en taxi o colectivo, y cruzaba el río Bermejo fuera de los controles legales. Esto generaba un descontrol total". Zigarán también defendió la construcción del alambrado como una herramienta para combatir el narcotráfico y la trata de personas, dos problemas endémicos en la región.
El anuncio no tardó en generar reacciones. Desde Bolivia, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó su preocupación a través de un comunicado oficial, advirtiendo que "cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos". Además, solicitaron información adicional a través de los canales diplomáticos para evaluar posibles acciones.
La respuesta desde Argentina no se hizo esperar. Zigarán, en declaraciones a Radio Mitre, aseguró que el gobierno boliviano está "mal informado" y pidió más controles del lado boliviano para evitar cuellos de botella en los pasos fronterizos legales. Su postura refleja las tensiones latentes en la región, donde las escenas de violencia, contrabando e incluso crímenes brutales, como decapitaciones vinculadas al sicariato, han puesto a prueba la convivencia pacífica.
El proyecto del alambrado, financiado por la provincia de Salta con supervisión nacional, busca ser un símbolo del control recuperado en una zona que, según sus impulsores, había sido abandonada durante años. Sin embargo, los detractores advierten sobre las implicancias simbólicas y políticas de esta obra.
Por un lado, el gobierno de Luis Arce en Bolivia cuestiona la unilateralidad de la medida y llama al diálogo bilateral. Por otro, desde organizaciones locales y expertos en derechos humanos, surgen preguntas sobre la efectividad de una barrera física en una región con problemas complejos que van más allá de las fronteras visibles.
Mientras tanto, en Aguas Blancas, los preparativos para la construcción del alambrado continúan, con promesas de orden y seguridad, pero también bajo la sombra de una creciente polémica regional.
