La fragmentación económica y social en Argentina

La fragmentación económica y social en Argentina no es una novedad, sino un hilo conductor que atraviesa su historia, manifestándose con distintas intensidades según el contexto. Sin embargo, la convergencia actual de factores como la cesión de la soberanía de emisión de dinero, la creciente coexistencia de múltiples monedas en la economía cotidiana, y la alarmante concentración del poder adquisitivo extranjero en sectores estratégicos como el agrario y el inmobiliario, dibuja un panorama particularmente preocupante.

No se trata solo de una cuestión de números o indicadores macroeconómicos, sino de una profunda erosión del tejido social, que afecta la vida cotidiana de las personas, sus expectativas de futuro y su sentido de pertenencia a una comunidad. Este ensayo se adentra en la complejidad de estas dinámicas, explorando cómo podrían fragmentar aún más a la sociedad argentina, limitando drásticamente la posibilidad de los ciudadanos de acceder a un patrimonio de manera justa y equitativa, generando además profundas fracturas culturales, un resentimiento palpable y un caldo de cultivo para la violencia y su consecuente criminalización, en un ciclo que parece repetirse con preocupante frecuencia.

La soberanía de emisión de dinero representa mucho más que una herramienta técnica de política económica; es un símbolo de la autonomía de un país, de su capacidad para gestionar su propio destino. Ceder este poder, ya sea a entidades financieras internacionales o a potencias extranjeras, implica renunciar a un instrumento crucial para amortiguar los embates de las crisis económicas, redistribuir recursos de manera equitativa y fomentar un desarrollo genuinamente endógeno. En un escenario de cesión, la economía argentina se ve inexorablemente subordinada a los intereses de quienes controlan la emisión monetaria, intereses que rara vez coinciden con las necesidades locales. Esta subordinación se traduce en políticas monetarias que priorizan la estabilidad del capital extranjero, a menudo a expensas de la estabilidad de precios internos, el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas, o la protección del poder adquisitivo de los salarios. Este proceso, además, socava la confianza de la población en las instituciones y en la moneda nacional, generando un clima de incertidumbre y desconfianza que dificulta la planificación a largo plazo y la inversión productiva.

La coexistencia de múltiples monedas no solo fragmenta la economía, sino que también genera una profunda segmentación cultural. En Argentina, donde el dólar estadounidense ya funciona como una suerte de moneda paralela, refugio ante la inestabilidad del peso, la introducción formal o la proliferación de otras monedas extranjeras podría exacerbar esta dinámica, creando dos (o más) mundos paralelos. Por un lado, una élite con acceso a divisas fuertes, que opera en un circuito económico globalizado, con acceso a bienes y servicios importados, inversiones en el exterior y una lógica de consumo desvinculada de la realidad local. Por otro lado, una gran mayoría de la población atrapada en el uso exclusivo del peso argentino, sufriendo la inflación, la devaluación y la pérdida constante de poder adquisitivo. Esta dualidad monetaria no solo afecta el bolsillo, sino que también genera una profunda brecha cultural, donde se erosionan los lazos sociales y se dificulta la construcción de un proyecto colectivo. Se generan códigos, lenguajes y hasta valores diferentes, que dificultan la comunicación y la empatía entre los distintos grupos sociales.

La creciente influencia extranjera en sectores clave de la economía, como el agrario y el inmobiliario, representa una amenaza no solo económica, sino también cultural y territorial. Otorgar a actores extranjeros, con su superioridad financiera, el control absoluto de estos sectores, implica ceder la soberanía sobre recursos estratégicos y sobre la propia organización del territorio. En el ámbito agrario, esto puede traducirse en la expansión de monocultivos orientados a la exportación, con graves consecuencias ambientales y sociales, como la deforestación, la pérdida de biodiversidad, el desplazamiento de comunidades rurales y la dependencia de insumos importados. En el mercado inmobiliario, la adquisición masiva de tierras y propiedades por parte de extranjeros puede generar procesos de gentrificación que desplazan a las comunidades locales, destruyen el tejido barrial y erosionan la identidad de los lugares. Se produce una pérdida de raíces, una desvinculación entre las personas y su entorno, que tiene profundas consecuencias psicológicas y sociales.

La combinación de estos factores –cesión monetaria, coexistencia de monedas y concentración de poder extranjero– crea una barrera prácticamente insuperable para que los ciudadanos argentinos puedan acceder a un patrimonio, ya sea una vivienda, un terreno o un pequeño negocio. Esta imposibilidad genera una profunda frustración y un sentimiento de injusticia que puede derivar en diversas formas de violencia. La protesta social, legítima en una democracia, puede verse desbordada por la desesperación y la falta de canales de diálogo efectivos. A su vez, el Estado puede responder con una criminalización de la protesta, utilizando la fuerza pública y el sistema judicial para reprimir las manifestaciones, estigmatizando a los sectores más vulnerables y profundizando la fractura social. Se genera un círculo vicioso de violencia y represión que debilita las instituciones democráticas y pone en riesgo la convivencia pacífica.

Para evitar este sombrío panorama, es fundamental implementar políticas públicas que prioricen la defensa de la soberanía económica, la redistribución equitativa de la riqueza y la promoción de la inclusión social y cultural. Esto implica fortalecer el peso argentino como moneda de referencia, regular la participación extranjera en sectores estratégicos, garantizar el acceso a la tierra y la vivienda, fomentar la producción nacional y promover la diversificación de la economía. Pero, sobre todo, implica construir un diálogo social amplio y sincero, que permita abordar las causas profundas de la desigualdad, escuchar las voces de todos los sectores de la sociedad y construir un proyecto de país inclusivo y justo para todos. No se trata solo de evitar la fragmentación, sino de reconstruir el tejido social, fortalecer los lazos de solidaridad y construir un futuro compartido.