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Un nuevo episodio de conflicto en la UNMa se sumó esta semana, luego de que el Gobierno denunciara la existencia de un "boliche clandestino" en uno de los edificios vinculados a la institución
Pulso
Redacción ARG360
Desde la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, la rectora Cristina Caamaño y el consejo superior rechazaron las acusaciones y las calificaron como "parte de una operación de desprestigio", instando al Ejecutivo a cesar en los ataques y a cumplir con las obligaciones presupuestarias pendientes.
Según el vocero presidencial Manuel Adorni, la Policía Federal allanó un espacio cedido en 2018 "con fines educativos", donde presuntamente funcionaban un boliche y un "búnker político". Adorni señaló que esto representa "una grave desviación de los objetivos originales" y compartió imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales.
Sin embargo, la respuesta desde la UNMa fue inmediata. En un comunicado, la institución aclaró que el inmueble señalado nunca fue traspasado a la universidad y "no dejó de estar en la órbita del Ministerio de Justicia". Además, destacaron que no es utilizado por la comunidad académica desde 2019.
La denuncia del Ejecutivo llega apenas 48 horas después de que un fallo judicial suspendiera la intervención de la UNMa y ordenara al Gobierno transferir los recursos presupuestarios adeudados. Desde la institución consideran que esta nueva acusación es un "vuelto político" frente a la decisión judicial.
El ex secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, sumó más contexto: el edificio en cuestión albergaba hasta hace poco un Centro de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas, una iniciativa que brindó asistencia a más de 31.000 personas en situación de vulnerabilidad, y que fue cerrada recientemente por decisión del Ejecutivo.
La frase resonó en las palabras de Pietragalla al responder al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien insistió en la narrativa del "boliche clandestino". Según Pietragalla, las imágenes difundidas no corresponden a un espacio utilizado por la universidad ni por organismos oficiales, y forman parte de una campaña de desinformación destinada a erosionar la credibilidad de la institución.
Desde la universidad, no solo desmintieron categóricamente las acusaciones, sino que reiteraron los problemas estructurales que enfrentan: salarios impagos, falta de recursos y una hostilidad sostenida por parte del Ejecutivo. "Seguimos siendo objeto de los ataques más crudos", expresaron en el comunicado oficial, llamando a cesar las agresiones y cumplir con las disposiciones judiciales.
Este nuevo episodio expone las tensiones políticas que viene atravesando la UNMa desde que asumió el gobierno de Milei.
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