Redacción ARG360
De todos modos, la sentencia aún no es definitiva hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia, pues ambas partes tienen diez días hábiles para apelar.
El fallo confirma la decisión previa del Tribunal Oral Federal 2 de 2022, en la que Kirchner y otros exfuncionarios fueron condenados por "administración fraudulenta agravada" en relación con el direccionamiento de fondos para obras públicas en la provincia de Santa Cruz hacia empresas ligadas al empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015. Sin embargo, la figura de "asociación ilícita" solicitada por la Fiscalía fue desestimada por mayoría en la Cámara de Casación.
Además de Kirchner, la sentencia se extiende a figuras clave de la administración de obras públicas durante su gobierno. Lázaro Báez, José López (exsecretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (exdirector de Vialidad Nacional) recibieron también condenas de seis años de prisión. Por su parte, otros exfuncionarios como Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, y José Raúl Santibañez, enfrentan penas de entre tres y cinco años de prisión. En contraste, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, fueron absueltos de los cargos.
Desde temprano, un fuerte operativo de seguridad se desplegó en los tribunales de Comodoro Py, donde organizaciones sociales y aliados de Kirchner, como el dirigente Juan Grabois y el ministro Juan Martín Mena, realizaron una "clase abierta" en apoyo a la exmandataria y en denuncia de lo que consideran "lawfare" o persecución judicial y política. La expresidenta, aunque habilitada para asistir, prefirió seguir la audiencia desde el Instituto Patria junto a sus colaboradores.
El fallo llega en un contexto de polarización política y genera interrogantes sobre el futuro de la exvicepresidenta en el ámbito público. Kirchner aún puede ejercer cargos públicos hasta que la Corte Suprema se pronuncie definitivamente sobre la causa, mientras su defensa sostiene que este proceso es parte de una estrategia de "persecución judicial".
Este jueves, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena a seis años de prisión para la expresidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la llamada "Causa Vialidad". Este fallo también implica su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque la sentencia aún no es definitiva hasta que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia, pues ambas partes tienen diez días hábiles para apelar.
El fallo confirma la decisión previa del Tribunal Oral Federal 2 de 2022, en la que Kirchner y otros exfuncionarios fueron condenados por "administración fraudulenta agravada" en relación con el direccionamiento de fondos para obras públicas en la provincia de Santa Cruz hacia empresas ligadas al empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015. Sin embargo, la figura de "asociación ilícita" solicitada por la Fiscalía fue desestimada por mayoría en la Cámara de Casación.
Además de Kirchner, la sentencia se extiende a figuras clave de la administración de obras públicas durante su gobierno. Lázaro Báez, José López (exsecretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (exdirector de Vialidad Nacional) recibieron también condenas de seis años de prisión. Por su parte, otros exfuncionarios como Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, y José Raúl Santibañez, enfrentan penas de entre tres y cinco años de prisión. En contraste, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, fueron absueltos de los cargos.
Desde temprano, un fuerte operativo de seguridad se desplegó en los tribunales de Comodoro Py, donde organizaciones sociales y aliados de Kirchner, como el dirigente Juan Grabois y el ministro Juan Martín Mena, realizaron una "clase abierta" en apoyo a la exmandataria y en denuncia de lo que consideran "lawfare" o persecución judicial y política. La expresidenta, aunque habilitada para asistir, prefirió seguir la audiencia desde el Instituto Patria junto a sus colaboradores.
El fallo llega en un contexto de polarización política y genera interrogantes sobre el futuro de la exvicepresidenta en el ámbito público. Kirchner aún puede ejercer cargos públicos hasta que la Corte Suprema se pronuncie definitivamente sobre la causa, mientras su defensa sostiene que este proceso es parte de una estrategia de "persecución judicial".
