La "Industria del Juicio" en la mira: una pyme enfrenta una condena de $250 millones y advierte sobre el colapso del sector

Mientras el debate por la reforma laboral ocupa el centro de la escena política y legislativa en Argentina, los casos de pequeñas y medianas empresas asfixiadas por litigios laborales continúan multiplicándose. El último episodio que ha encendido las alarmas en el sector productivo es el de El Bahiense, una firma dedicada a la fabricación de aditivos alimenticios.

Su dueño, Mario Fiore (73), enfrenta una condena judicial que asciende a $250 millones, una cifra que considera confiscatoria y carente de lógica económica, derivada de una demanda iniciada por un ex empleado.

La sentencia, firmada por la jueza Lucrecia Pedrini —la misma magistrada que intervino en el polémico embargo al restaurante Piégari—, ha vuelto a poner en tela de juicio los criterios de actualización monetaria utilizados por algunos juzgados de la Justicia Nacional del Trabajo.

 
Crónica de un conflicto: de la suspensión al juicio millonario
Según relató Fiore en diálogo con Radio Mitre, la relación laboral con el demandante se deterioró tras un largo período de ausencia. El empleado había alegado problemas psicológicos, lo que motivó una licencia paga de 12 meses.

Al reincorporarse a la planta, donde contaba con 12 años de antigüedad, el trabajador protagonizó un incidente operativo grave.

“Fue por un descuido, por no prestar atención a su trabajo”, explicó Fiore, detallando que el error provocó la pérdida de un proceso de 3.000 kilos de producto.
Ante este hecho, la empresa decidió aplicar una suspensión disciplinaria de 15 días. Sin embargo, lejos de acatar la sanción o buscar una instancia de diálogo, el empleado se consideró despedido e inició la vía judicial.

El reclamo de la empresa: Fiore asegura que El Bahiense cuenta con 72 empleados, todos debidamente registrados, y que cumplen con todas las obligaciones fiscales.
El factor humano: El empresario destacó que la firma había asistido al empleado previamente, otorgándole incluso una vivienda en la Ciudad de Buenos Aires cuando este vivía en Chacabuco. "No se puede seguir castigando a las empresas. No somos los papás de las personas, nosotros nos ocupamos de dar trabajo", lamentó.
 
La polémica matemática: ¿Cómo $3 millones se transforman en $250 millones?
El punto más crítico del caso no es el despido en sí, sino el mecanismo de actualización de la deuda.

La sentencia original, con fecha del 13 de junio de este año, estipulaba una indemnización de $3.018.834. Sin embargo, mediante la aplicación de actas que permiten la capitalización compuesta de intereses (cobrar intereses sobre intereses), el monto se disparó exponencialmente hasta alcanzar los $250 millones.

“Se aplicaron cargos e intereses. Si yo pudiera conseguir esa tasa de interés que ellos aplican, que no sé si es de Marte o de la Luna, sería del 20% mensual, aproximadamente”, ironizó Fiore con indignación.
 
CLAVE: Qué dice el fallo "Oliva" de la Corte Suprema
Para comprender la gravedad del reclamo, es necesario observar el contexto legal. En febrero de 2024, la Corte Suprema de Justicia falló en la causa "Oliva c/ COMA S.A.", marcando un límite claro:

Freno al Anatocismo: La Corte declaró arbitraria la capitalización periódica de intereses (interés sobre interés) que aplican ciertos juzgados laborales.
Enriquecimiento sin causa: Los jueces del máximo tribunal advirtieron que estas fórmulas matemáticas generan aumentos desproporcionados que no reflejan la inflación real, provocando un enriquecimiento injustificado del demandante.
Contradicción: A pesar de este fallo de la Corte, casos como el de El Bahiense demuestran que algunos magistrados de primera instancia continúan utilizando criterios de actualización que multiplican las deudas de las pymes hasta volverlas impagables.
 
Un patrón que se repite: Piégari y Naranja Mandarina
El caso de El Bahiense no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia que preocupa al sector privado:

Caso Piégari: La misma jueza, Lucrecia Pedrini, ordenó un embargo preventivo de $155 millones (con una demanda total de $270 millones) contra el icónico restaurante. El dueño, Alberto Chinkies, denunció que el empleado había abandonado su puesto durante la pandemia, rechazando incluso la opción de teletrabajo.
Caso Naranja Mandarina: Esta micropyme de ropa infantil enfrenta una deuda judicial de $190 millones y un embargo de $330 millones por un juicio con un distribuidor. El fallo incrementó la deuda original en un 1.200%, superando la facturación anual de la empresa y poniéndola al borde de la quiebra.
El factor político y la "Voracidad" legal
Fiore también apuntó contra los letrados involucrados en la demanda. El empresario señaló que el ex empleado contrató al abogado José Luis Guillot, socio de Álvaro Ruiz, quien fuera subsecretario de Relaciones Laborales durante la gestión de Carlos Tomada.

“No se imaginan la voracidad de los abogados, en decir cualquier cosa y poner a cualquier testigo. A mí, en un punto, me daría vergüenza”, expresó el dueño de la pyme.
Este escenario refuerza los argumentos del Gobierno Nacional, que en su proyecto de Reforma Laboral busca limitar la discrecionalidad en la aplicación de intereses y eliminar las multas que multiplican las indemnizaciones, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a quienes generan empleo.

Mientras la política debate, empresarios como Mario Fiore advierten que el tiempo se agota: "Yo no puedo entender realmente esta situación", concluyó.