Escándalo en la AFA: la Justicia prohíbe la salida del país a "Chiqui" Tapia y su cúpula por una deuda de $19.000 millones

En un fallo que sacude los cimientos del fútbol argentino, el titular del Juzgado Penal Económico N° 5, Diego Alejandro Amarante, dictó la prohibición de salida del país para la plana mayor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La medida alcanza a su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, al tesorero Pablo Toviggino, y a otros tres directivos clave, en el marco de una causa por presunta evasión tributaria agravada.

La restricción migratoria, comunicada de inmediato a la Dirección Nacional de Migraciones y al SIFCOP, se fundamenta en la "severidad de la pena en expectativa". El cronograma de indagatorias ya tiene fecha:

5 de marzo: Claudio Tapia y apoderados legales.
6 de marzo: Pablo Toviggino (Tesorero) y Gustavo Lorenzo (Director General).
9 de marzo: Cristian Malaspina (Secretario General) y Víctor Blanco (ex Secretario).
 
La acusación: ¿A dónde fue el dinero?
La denuncia, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), sostiene que la AFA retuvo impuestos y aportes de seguridad social de terceros, pero nunca los depositó en las arcas del Estado. El monto del perjuicio fiscal asciende a $19.350 millones.

Lo que agrava la situación de los directivos es que, según la querella, no existía una imposibilidad financiera para pagar. Mientras la deuda crecía, la AFA registraba una salud financiera envidiable:

Acreditaciones bancarias (Dic. 2024): $45.072 millones.
Ingresos totales en 2025: $453.449 millones.
Maniobras detectadas: Constitución de plazos fijos millonarios en pesos y dólares mientras se omitían los pagos al fisco.
"Los acusados tenían la total posibilidad fáctica de cumplir con las obligaciones fiscales", sentenciaron los abogados de ARCA.
 
El "visto bueno" de Toviggino y la clave fiscal de Tapia
El expediente cuenta con testimonios internos que complican el esquema de toma de decisiones. Mónica Bouvet (Gerente de Administración) y Paula Méndez (empleada del área) declararon que el circuito de pagos no era automático, sino discrecional.

Según las testigos, el área contable informaba los vencimientos, pero los pagos solo se ejecutaban bajo la orden verbal o telefónica de Pablo Toviggino. Además, se confirmó que:

Tapia es el administrador general de la clave fiscal de la institución.
Para mover fondos de las cuentas en el Banco Credicoop, se requería la firma conjunta de tres autoridades.
Los balances que reflejaban la deuda morosa estaban firmados por el Presidente, el Secretario y el Tesorero.
 
El revés judicial: No hubo "perdón" oficial
La defensa de Tapia intentó frenar la causa argumentando que el Ministerio de Economía había suspendido los juicios de ejecución fiscal para entidades sin fines de lucro. Sin embargo, el juez Amarante rechazó el planteo de forma tajante.

El magistrado explicó que una resolución administrativa (del Ejecutivo) no puede anular una ley penal (del Congreso). Según el precedente "Lambruschi" de la Corte Suprema, el delito se consuma automáticamente 30 días después del vencimiento del plazo de pago.

El riesgo penal: El fantasma de la prisión efectiva
La justicia aplicó el artículo 55 del Código Penal (concurso real). Como no se trata de una sola omisión, sino de 19 meses de incumplimientos independientes, las penas mínimas y máximas se suman.

Delito                                                                         Pena prevista

Retención indebida de tributos                            2 a 6 años

Retención de recursos de seguridad social        2 a 6 años

Escala resultante (Concurso Real)                        Elevada sensiblemente

Esta acumulación de presuntos delitos es la que genera el riesgo de fuga, justificando que la cúpula de la AFA no pueda trasponer las fronteras del país mientras avance la investigación.