Una propuesta de desarrollo sostenible para la Argentina

Frente a un modelo de país dual, caracterizado por una elevada desigualdad y una fuerte concentración de la riqueza en pocos sectores, la propuesta de creación de un Fondo Soberano de Inversión y Garantía (FSIG) y una Corporación de Empresas Nacionales (CEN) plantea un cambio de enfoque profundo: avanzar hacia un país integrado, donde el crecimiento productivo, la inversión estratégica y el aprovechamiento de los recursos naturales se traduzcan en bienestar general.

En este marco, el rol de nuestro país como creador de valor no se concibe en oposición al sector privado, sino a través de la articulación, la colaboración y la generación de sinergias, promoviendo el desarrollo de proveedores nacionales —tanto grandes empresas como PyMEs—, fortaleciendo cadenas de valor locales y potenciando la inversión productiva. En un contexto de crecientes restricciones fiscales, envejecimiento poblacional y tensiones intergeneracionales, el desafío es que nuestro país no se limite a administrar escasez o a corregir fallas del mercado, sino que asuma una función activa de organización del desarrollo y proyección de un horizonte compartido para las generaciones presentes y futuras.

El punto de partida de esta propuesta es reconocer que el esquema tradicional de financiamiento de nuestro país muestra signos evidentes de agotamiento. Tal como surge del artículo 4 de la Constitución Nacional, los recursos públicos provienen fundamentalmente de los tributos, de la explotación o enajenación de bienes del dominio público y del recurso al crédito. Sin embargo, la presión tributaria y la eficacia para el cobro de tributos enfrenta límites económicos, jurídicos y sociales cada vez más estrechos; la venta o alquiler de activos públicos carece de magnitud suficiente frente al volumen del gasto estructural; y la deuda pública —en tanto tributación diferida— traslada una carga significativa a las generaciones futuras, comprometiendo la sostenibilidad del desarrollo. A ello se suma que el gasto previsional constituye una de las principales erogaciones del sector público y que el sistema vigente evidencia desequilibrios que no pueden resolverse exclusivamente con ajustes coyunturales. A estas restricciones se agrega una de las problemáticas históricas más persistentes de la economía argentina: la restricción externa, expresada en la escasez de divisas, la dificultad para acumular reservas internacionales y la vulnerabilidad recurrente del balance de pagos. En este contexto, resulta imprescindible incorporar una fuente adicional y estructural de financiamiento y generación de divisas: la producción de valor económico a partir de la propia actividad productiva organizada por nuestro país, hacia un modelo de desarrollo productivo, exportador con valor agregado y sostenible.

En ese marco, la creación de un Fondo Soberano de Inversión y Garantía (FSIG) aparece como una herramienta central para transformar activos públicos dispersos en una estrategia coherente de desarrollo económico. Se trata de un fondo productivo y anticíclico, orientado a invertir en la economía real y a generar valor agregado, empleo y divisas, más que a la administración pasiva de portafolios financieros. Su actuación deberá regirse por criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), integrando la rentabilidad económica con la sostenibilidad ambiental, la cohesión social y la calidad institucional. De este modo, el FSIG no solo contribuye a la acumulación de reservas y a la estabilidad macroeconómica, sino que preserva y potencia el valor del patrimonio público en una perspectiva intergeneracional, asegurando que las decisiones de inversión de hoy no comprometan las oportunidades de desarrollo del mañana. Además, al administrar activos como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y las participaciones estatales en empresas estratégicas, el FSIG permitiría vincular de manera virtuosa el desarrollo productivo con la sostenibilidad del sistema previsional y la estabilidad macroeconómica. 

El FSIG encuentra su traducción concreta en la economía real a través de podríamos denominar (como su antecedente) Corporación de Empresas Nacionales (CEN), concebida como el brazo productivo y empresarial de la estrategia de desarrollo. La CEN deberá operar bajo estándares elevados de gobernanza, incorporando de manera transversal criterios ESG en la definición de estrategias, planes de inversión y mecanismos de control. Ello implica compatibilizar eficiencia económica con responsabilidad ambiental, inclusión social, transparencia y rendición de cuentas. El objetivo -en definitiva- es dotar a esas empresas de dirección estratégica común, escala operativa y capacidad de inversión, evitando la dispersión de esfuerzos y potenciando sinergias productivas. En este esquema, las empresas públicas dejan de operar de manera aislada para integrarse en cadenas de valor coordinadas, capaces de competir, exportar y generar divisas, al tiempo que articulan con el sector privado en el desarrollo de proveedores, la innovación tecnológica y la expansión de la producción.

Uno de los rasgos centrales del esquema propuesto es que no concibe la acción pública como sustitución del sector privado, sino como un factor de articulación y coordinación de la inversión productiva. En ese marco, se prevé —según la naturaleza de cada sector— la celebración de acuerdos de asociación y colaboración empresarial con empresas privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, bajo reglas claras y preservando el control público de las decisiones estratégicas, tal como lo demuestra la experiencia de YPF S.A. A través de la CEN y de las empresas nacionales sectoriales, nuestro país puede actuar como inversor estratégico y demandante calificado, generando condiciones para el desarrollo de proveedores locales, tanto grandes empresas como pymes, y fortaleciendo cadenas de valor hoy fragmentadas. La participación pública permite reducir riesgos iniciales, ordenar la demanda, promover transferencia tecnológica y facilitar el acceso a financiamiento, creando un entorno propicio para que la iniciativa privada amplíe su capacidad productiva y exportadora. De este modo, la inversión pública no desplaza a la privada, sino que la moviliza y multiplica, transformándose en una palanca para el crecimiento sostenido, la generación de empleo calificado y la integración productiva del país.

El enfoque federal constituye otro pilar central de la propuesta. Nuestro país presenta profundas asimetrías territoriales, en las que conviven regiones con enormes capacidades productivas y otras relegadas a economías de baja escala y escasa inversión. La Constitución Nacional reconoce el dominio originario de los recursos naturales en cabeza de las provincias, pero ello no ha sido suficiente para garantizar que los beneficios económicos de su explotación se traduzcan en desarrollo equilibrado para el conjunto del país. El esquema del FSIG–CEN ofrece una solución institucional a esta tensión: a través de vehículos societarios con participación del Estado Nacional, de las provincias y sector privado (según el caso), los recursos provinciales pueden transformarse en valor agregado, empleo, exportaciones y rentas públicas, sin afectar las competencias locales y respetando el federalismo. De este modo, el desarrollo de sectores estratégicos deja de reproducir un país fragmentado para avanzar hacia un país integrado, donde las riquezas territoriales se articulan en una estrategia nacional que internaliza sus beneficios en favor de todos los argentinos, del presente y del futuro.

En definitiva, la propuesta de un Fondo Soberano de Inversión y Garantía y una Corporación de Empresas Nacionales no apunta a resolver una coyuntura, sino a redefinir el modo en que nuestro país piensa su desarrollo. Frente a un modelo de país dual, fragmentado y con alta concentración de la riqueza, el esquema aquí planteado ofrece una alternativa concreta: un país integrado, capaz de transformar sus recursos naturales, su capacidad productiva y su talento en valor económico y social sostenible. Un país en el que la acción pública no sustituye al sector privado, sino que lo articula y potencia; en el que el federalismo se expresa en desarrollo territorial y no solo en transferencias fiscales; y en el que las decisiones económicas se toman con una mirada de largo plazo. Se trata, en suma, de plantear que hay otro camino y que la idea de que el desarrollo no es el resultado espontáneo del mercado ni de ajustes recurrentes, sino de instituciones que crean valor, organizan la producción y proyectan un horizonte común para las generaciones presentes y futuras.

Aun en la era de la inteligencia artificial y de los cambios tecnológicos acelerados, la diferencia la hacen las decisiones que toman las personas humanas. El factor decisivo del desarrollo continúa siendo la conducción política e institucional de los procesos económicos y sociales. La experiencia histórica demuestra que las transformaciones profundas no surgen de respuestas individuales ni de soluciones fragmentadas, sino de proyectos colectivos, sostenidos por una planificación estratégica deliberada que permita orientar recursos, coordinar actores y dar previsibilidad en el tiempo. En este marco, uno de los desafíos centrales de la propuesta reside en la conformación de liderazgos y equipos de conducción con solvencia técnica, legitimidad institucional y compromiso con el interés general, capaces de impulsar una revolución de desarrollo sostenible que trascienda coyunturas y mezquindades. Solo las personas humanas correctas mediante instituciones fuertes, decisiones responsables y una visión compartida será posible avanzar hacia una Argentina integrada, que haga efectivo el mandato de unidad nacional, bienestar general y justicia social consagrado en nuestra Constitución Nacional.

Agustín Tarelli es Abogado. Especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública. Docente UBA y UNPAZ.