Migrar: ¿derecho o delito?

“Los migrantes no son invasores, su contribución enriquece la humanidad” (Papa Francisco)

En tiempos donde la palabra migración suele aparecer asociada al miedo, al delito o a la crisis, la frase funciona como recordatorio y como advertencia: las sociedades se construyen sumando, no expulsando.

La Argentina nació como un país de migrantes. Su desarrollo social, económico y cultural está atravesado por la llegada de personas de distintos orígenes, lenguas, religiones y costumbres. Esa historia dejó una marca que todavía se percibe: una sociedad intercultural, diversa, donde la convivencia ha sido, en términos generales, pacífica y respetuosa.

Desde la independencia, el país debatió cómo organizar esa llegada. La cuestión migratoria nunca fue neutra: cada etapa histórica expresó un modelo de país y una idea de comunidad. Basta recorrer la legislación para entenderlo.

La Constitución de 1853 ya establecía un principio fuerte: los extranjeros gozan en el territorio argentino de los mismos derechos civiles que los ciudadanos. También ordenaba al Estado fomentar la inmigración, entendida entonces como motor de desarrollo, trabajo y crecimiento. Ese espíritu quedó plasmado en los artículos 20 y 25, que todavía hoy siguen vigentes.

La primera gran ley migratoria, la Ley 817 de Inmigración y Colonización, fue dictada en 1876 durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. Su objetivo era claro: atraer mano de obra europea a un país extenso y poco poblado. La inmigración era política de Estado.

Un siglo después, el enfoque cambió drásticamente. En 1981, durante la última dictadura militar, se dictó el Decreto-Ley 22.439, que colocó la migración bajo el prisma de la seguridad nacional. Se exigían condiciones económicas, sanitarias y culturales, y se establecían restricciones más severas, especialmente para migrantes de países limítrofes. La mirada integradora fue reemplazada por una lógica de control.

Ese paradigma volvió a modificarse con la Ley 25.871 de Migraciones, sancionada en 2003 y aún vigente. Esta norma dio un giro fundamental: reconoció a la migración como un derecho humano. La ley incorporó una visión inclusiva, valorando el aporte cultural y social de los migrantes sin distinción de origen, y garantizando igualdad de trato, no discriminación y acceso a servicios de salud, educación y asistencia social.

Por ese motivo, la ley argentina fue considerada durante años un ejemplo a nivel regional e internacional.

Sin embargo, el debate volvió a tensarse. El Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025, vigente desde mayo de 2025, endureció las condiciones de permanencia: restringió el derecho al trabajo de personas en situación irregular, exigió dos años de residencia legal continua para acceder a la radicación permanente y aceleró los procesos de expulsión, especialmente en casos de antecedentes penales o irregularidades administrativas.

Más allá de los marcos legales, la realidad cotidiana muestra otra cosa. En la vida social, en los barrios, en las escuelas y en los trabajos, la integración suele ser real. Las distintas nacionalidades, culturas y religiones conviven, se mezclan y se transforman mutuamente. Ese mosaico, que tantas veces se presenta como problema, ha sido una de las mayores riquezas de la sociedad argentina.

Migrar no es una amenaza. Es una historia que se repite, una experiencia humana básica y, en nuestro país, un derecho que forma parte de nuestra identidad.

Gerardo Lucá Samoilov es abogado, docente universitario (UCES) y conferencista. Ha sido dirigente de organizaciones de colectividades a nivel nacional y del Rotary Internacional. Trabaja desde hace años en el ámbito judicial y en la formación cívica. En GLS, su nueva columna en ARG360, comparte herramientas de orientación ciudadana para acercar el derecho a la vida cotidiana.