¿Cómo desmantelar un país en 100 días?

La reciente reestructuración gubernamental impulsada por el economista Javier Milei que busca limitar la cantidad de ministerios y la creación de “megaministerios” , se presenta como una medida audaz en el contexto político y social de Argentina. A simple vista, esta acción podría interpretarse como una iniciativa destinada a optimizar el funcionamiento estatal y realinear la economía. Sin embargo, la disminución de ministerios y el programa de austeridad relacionado podría tener implicaciones significativas que merecen ser analizadas detalladamente.

Cambios en la Estructura Gubernamental
La administración de Milei ha reducido el número de ministerios a nueve y ha fusionado varias áreas claves.

Este cambio administrativo supone una apuesta por la eficiencia y la centralización de funciones. Si bien a primera vista puede sugerir una simplificación burocrática, resulta crucial reflexionar sobre las consecuencias sociales de minimizar el rol estatal en la garantía de servicios públicos y derechos esenciales.
DNU de Desregulación Económica.

El extenso decreto de desregulación enfatiza el enfoque de Javier Milei hacia una economía de mercado con menos intervención estatal. Esta medida puede tener efectos positivos en ciertos sectores económicos al incentivar la inversión y la competencia; no obstante, es vital considerar cómo afectará a la estructura social y a la capacidad de ajuste de las poblaciones más desfavorecidas.



Impacto Social de la Reducción Estatal
La progresiva disminución del papel estatal en la provisión de servicios y el bienestar social, nos lleva a anticipar que resultará en:
1. Acceso a Servicios
Un estado reducido presagia una potencial disminución en la oferta y calidad de servicios públicos, poniendo en jaque derechos fundamentales como salud y educación.
2. Desempleo
El achicamiento gubernamental puede conllevar despidos masivos, incrementando la tasa de desempleo y agudizando la vulnerabilidad social.
3. Derechos Laborales
La reforma podría llevar a una flexibilización en las relaciones laborales, afectando la seguridad en el empleo y otros beneficios laborales.
4. Protección Social
Con la reducción de programas asistenciales, sectores vulnerables podrían perder redes de seguridad fundamentales en tiempos de crisis.
5. Inversión en Infraestructura
El recorte en infraestructura pública puede generar un impacto negativo en el desarrollo y mantenimiento urbano y rural.
6. Movilización Social
Estas acciones reformistas pueden activar una respuesta social en defensa de derechos y servicios básicos.

Derechos y Ministerios Afectados
Los ministerios eliminados cumplían funciones esenciales en la protección de derechos.
•         Ciencia, Tecnología e Innovación: Eliminaron el soporte a la investigación y acceso a la ciencia.
•         Ambiente y Desarrollo Sostenible: Pausaron la actividad de protección ambiental.
•         Turismo y Deportes: Han determinado con sus políticas el menor impulso al turismo y al deporte como factores de desarrollo económico y bienestar social.
•         Transporte: Se está dando un descenso en la calidad y gestión de servicios de transporte público.
•         Desarrollo Territorial y Hábitat: Hay incertidumbre en la planificación urbana y acceso a vivienda digna.
•         Educación, Cultura, Trabajo, Empleo y Seguridad Social: Se están generando riesgos reales para la educación, cultura, derechos laborales y protección social.
•         Justicia y Derechos Humanos: Están teniendo lugar faltas de garantías constitucionales en la Justicia y la (des)protección de derechos humanos.

Conclusión
El plan implementado por la administración de Milei puede propiciar peligrosas brechas socioeconómicas. La soberbia aparente de la medida y su enfoque eminentemente económico, relegando la dimensión social y los derechos humanos, sugieren un futuro de incertidumbre y potencial polarización social. La dolarización de la economía, la desregulación y los servicios públicos sin subsidios revelan una dirección política que valora los intereses económicos por encima de la cohesión y el bienestar social.

Esta arremetida contra la infraestructura estatal es el preludio que se dirige a una sociedad más fragmentada y desatendida, en donde las necesidades básicas y los derechos humanos, civiles, constitucionales se encuentran en situación experimental. Se trata de un genocidio social. El costo humano es muy elevado.

La administración de Milei, sin duda, se sitúa en el peor derrotero al que podríamos haber arribado como sociedad argentina.


*Este Informe fue realizado y transmitido en directo el 27 de Febrero de 2024 desde la CTA Autónoma, que facilitó sus instalaciones para la realización del ciclo de Charlas de esta Universidad de Verano de la Multisectorial Federal de la República Argentina. 
**Participantes: Pablo Sercovich, coordinador de esta Multisectorial Federal de la República Argentina, a continuación se detallan: Mirta Malvares Míguez (Ambiente y Territorio), Marcela Augusto, Eleonor González, Sandra Santarán, Marta Masio y Nélida Soto (Justicia y DDHH), Flavia Ojeda y Augusto Churca (Economía), Zulma Gómez y Clara Abruzky (Equipo Humano), Natacha Mell y Margarita Cuello (Cultura), Marina Martínez, Natalia Correa y Viviana Noguerol (Género, Diversidad e Interseccionalidad), Patricia Galván (Salud), Axel Oviedo, Félix Daniel Barrios y Marcelo Rodríguez (Relaciones Exteriores), Evelyn Duarte (Infraestructura) y Elida Márquez, Ramiro Caggiano Blanco y María Álvarez (Comunicación).