Tensión fiscal: gobernadores y Nación mantienen un pulso por fondos y obras públicas

En medio de un escenario económico marcado por el ajuste y la búsqueda del déficit cero, el conflicto entre los gobernadores provinciales y el Gobierno Nacional por el reparto de recursos y el financiamiento de la obra pública no da tregua. Lo que comenzó como una serie de reclamos puntuales se ha convertido en una disputa política de alto voltaje, con el Presupuesto 2026 como principal campo de batalla y las rutas nacionales como un símbolo del deterioro que exige respuestas urgentes.

El núcleo del conflicto: recursos y autonomía

Los mandatarios provinciales, de distintos signos políticos, vienen reclamando al Ejecutivo mayores recursos para afrontar obras, gastos y necesidades de infraestructura que, según sostienen, quedaron paralizadas o reducidas desde el comienzo de la gestión libertaria. Entre las principales demandas se destacan una nueva distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un mayor porcentaje del impuesto a los combustibles, avales para endeudamiento destinado a obras públicas y fondos para cubrir el déficit previsional.

Uno de los puntos más álgidos es la distribución de los ATN, que para 2026 tendrá una partida de 500 mil millones de pesos, más del doble que en 2025. Sin embargo, las provincias exigen que esos recursos se repartan de manera automática y diaria, según los criterios de coparticipación, mientras el Gobierno mantiene el veto a la ley que establecía esa distribución automática.

Otro foco de conflicto es el impuesto a los combustibles, con una recaudación estimada en 7,6 billones de pesos. Los gobernadores habían impulsado una ley para recibir el 52% de esos recursos, pero el proyecto fue rechazado en Diputados. Actualmente, solo el 10% va a las provincias.

Ofensiva y contraofensiva

La tensión se ha manifestado en múltiples episodios. En julio de 2025, los representantes de prácticamente todas las provincias se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y, sin previo aviso, presentaron un proyecto de ley que proponía eliminar una serie de fondos fiduciarios para empezar a repartir ese dinero entre los distritos. La respuesta del Gobierno llegó a través del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien ofreció coparticipar únicamente la plata del impuesto a los combustibles, pero rechazó modificar el sistema de entrega de los ATN, generando un fuerte malestar entre los gobernadores. “No hay chances de que acepten eso. Están dando una miseria, estamos hablando de unos 300 millones de pesos, nada más”, explicó una fuente cercana a las negociaciones.

El gobierno nacional, por su parte, mantiene como una de sus principales banderas el equilibrio de las cuentas públicas y sostiene que las provincias deben asumir una mayor responsabilidad sobre sus gastos. En esa línea, la administración libertaria redujo significativamente la intervención directa de Nación y planteó que buena parte de las obras deben ser asumidas por las provincias y los municipios.

Las rutas, un escenario crítico

El deterioro de la infraestructura vial se ha convertido en un factor clave en la negociación. Un reciente accidente en la Ruta Nacional A012, en Santa Fe, expuso el peligroso estado de una de las arterias por las que circula cerca del 80% de las exportaciones nacionales de granos. Este episodio llevó al gobernador Maximiliano Pullaro y al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a firmar un acuerdo inédito por el cual la provincia se hará cargo de la administración y mantenimiento de la ruta durante los próximos veinte años.

El Presupuesto 2026 como escenario de negociación

Con el Presupuesto 2026 en el centro del debate, los gobernadores intensificaron sus reclamos. El oficialismo de La Libertad Avanza busca aprobar el proyecto antes de fin de año, pero para lograrlo necesita el apoyo de los mandatarios provinciales y sus bloques aliados en el Congreso. El designado ministro del Interior, Diego Santilli, encabeza las reuniones con los gobernadores para asegurar los votos que permitan sancionar la ley.

Según el proyecto oficial, en 2026 las provincias recibirán 7,7 billones de pesos por coparticipación federal y programas acordados con Nación. Pese a un incremento del 31% respecto al Presupuesto 2025, los gobernadores, en especial los peronistas y aliados, consideran insuficiente el monto y reclaman una mayor participación en los fondos nacionales.

Un pulso sin resolución a la vista

La disputa por los fondos y la obra pública se ha convertido en un pulso constante entre la Casa Rosada y las provincias. Mientras los gobernadores reclaman mayor autonomía y recursos, el Gobierno nacional insiste en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y reducir el gasto público. En este contexto, cada transferencia de fondos a las provincias queda bajo la lupa de la oposición y de los propios mandatarios, que reclaman criterios previsibles y mayor participación en la definición de las obras. El debate gira alrededor de una pregunta central: si la Nación debe distribuir recursos de acuerdo con criterios estrictamente técnicos y de infraestructura o si esas partidas también forman parte de la negociación política entre el Ejecutivo y las provincias.