Redacción ARG360
RÍO GRANDE. La Justicia Federal dio un paso clave en el litigio por la soberanía y los recursos naturales en el Atlántico Sur. La titular del Juzgado Federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a un pedido cautelar presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). En su fallo, ordenó a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited que se abstengan de iniciar o continuar cualquier obra o acto material vinculado al desarrollo petrolero Sea Lion (conocido en el expediente como León Marino), ubicado al norte de las Islas Malvinas.
La resolución judicial prohíbe de manera preventiva:
Perforaciones y tendido de conductos: Cualquier tipo de perforación en el lecho o subsuelo marino, instalación de infraestructura fija submarina, tendido de conductos o líneas de flujo.
Operaciones marinas: La puesta en marcha de unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), así como el inicio de la extracción comercial de hidrocarburos.
Infraestructura de apoyo: Obras portuarias o terrestres asociadas, tales como depósitos de productos químicos, plantas para la preparación de lodos de perforación, bases logísticas y facilidades habitacionales.
La magistrada sostuvo que el proyecto ya pasó de la fase preliminar a la etapa de ejecución efectiva —tras comprobar la Decisión Final de Inversión y contrataciones para el desarrollo de un complejo de 23 pozos—, lo que implica un "riesgo no hipotético ni remoto". El fallo aplica los principios ambientalistas preventivo y precautorio, argumentando que la paralización se mantendrá hasta que se tramite la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental ante las autoridades argentinas competentes.
Asimismo, el juzgado otorgó a las petroleras un plazo de 10 días judiciales para presentar una declaración jurada exhaustiva. Deberán incluir información sobre el cronograma de operaciones, la infraestructura contratada, los flujos financieros, la estructura societaria y los planes de contingencia ambiental, además de la obligación de preservar toda la documentación técnica pertinente.
Al margen de la cautelar ambiental en Tierra del Fuego, se mantiene abierta una vía judicial en la ciudad de Buenos Aires. En los tribunales de Comodoro Py, el Juzgado Federal N° 11 dio impulso a la acción penal promovida por el fiscal Carlos Stornelli a raíz de una denuncia impulsada por la Cancillería argentina y la Procuración del Tesoro.
| Fuero | Juzgado | Enfoque principal | Estado actual |
| Federal Río Grande | Juez Mariel Borruto | Civil y Ambiental Preventivo | Medida cautelar concedida; paralización de obras exigida a la espera del estudio de impacto ambiental. |
| Federal Comodoro Py | Juzgado Federal N° 11 | Penal e Investigación de Ilegalidad | Acción penal impulsada; pedido de informes a organismos oficiales y exhortos al Reino Unido sobre firmas involucradas (Desire Petroleum y Rockhopper). |
El proceso penal indaga si la firma Desire Petroleum Limited y el grupo Rockhopper ejercieron actividades de exploración o explotación hidrocarburífera en zonas adyacentes a las Islas Malvinas sin contar con la debida autorización de la República Argentina. Para avanzar en las actuaciones, la justicia solicitó recabar antecedentes mediante exhortos al Reino Unido e informes a la Secretaría de Energía, Cancillería y la red bancaria ligada a los proyectos.
