La crisis del PAMI complica a Bornoroni: intendentes cordobeses reclaman una deuda de 9 mil millones

La crisis financiera del PAMI (Programa de Atención Médica Integral) ya no solo afecta a los jubilados y a las farmacias, sino que ahora golpea de lleno en las arcas municipales de Córdoba. Intendentes de toda la provincia, tanto del oficialismo como de la oposición, han elevado un contundente reclamo al gobierno provincial y al Ejecutivo nacional por una deuda que ya supera los 9 mil millones de pesos.

Según pudo conocer este medio, los municipios cordobeses vienen prestando servicios de salud, atención en centros de atención primaria, derivaciones y hasta infraestructura para el PAMI sin recibir contrapartida económica durante los últimos meses. La situación se ha vuelto insostenible y amenaza con paralizar prestaciones básicas en localidades del interior.

El funcionario más expuesto es el ministro de Gobierno de la Provincia, Luis Bornoroni, quien además es el encargado de la articulación política con los intendentes. En las últimas semanas, Bornoroni ha recibido el reclamo directo de decenas de jefes comunales, que ven cómo la falta de fondos compromete los servicios municipales y la capacidad de pago a sus propios proveedores.

"La situación es crítica. Nos deben meses de atenciones, ambulancias, insumos y hasta personal que destinamos a prestaciones del PAMI. Si no hay una solución rápida, vamos a tener que tomar decisiones drásticas", advirtió un intendente del departamento Río Cuarto, que prefirió mantener reserva de su nombre.

El conflicto no es menor: el PAMI es la obra social más importante del país y en Córdoba tiene una de las mayores poblaciones de afiliados. Muchos municipios, especialmente los de menor tamaño, se convirtieron en prestadores indirectos del programa ante la falta de infraestructura privada en sus territorios. Ahora, esa colaboración se volvió una pesada losa financiera.

Desde la secretaría de Políticas Sociales de la Provincia, fuentes cercanas a Bornoroni admitieron que el tema está en agenda, pero evitaron dar plazos. "Estamos gestionando ante Nación. Sabemos que es un problema real, pero no podemos hacernos cargo de una deuda que no generamos", confió un asesor del ministerio.

Mientras tanto, los intendentes amenazan con endurecer las medidas. Algunos ya evalúan suspender las prestaciones al PAMI si en los próximos días no hay señales concretas de pago o una letra compromiso del gobierno nacional. La Liga de Intendentes de Córdoba ya prepara un documento formal que será presentado ante el gobernador Martín Llaryora y, en paralelo, ante las autoridades del PAMI en Buenos Aires.

La crisis del organismo nacional, que arrastra un déficit crónico y denuncias por corrupción en gestión de medicamentos, ahora suma un capítulo federal que complica al gobierno cordobés en un año electoral. Para Llaryora, mantener la gobernabilidad territorial y el apoyo de los intendentes es clave. Y la paciencia, en muchos pueblos, se está agotando.