Mientras la Inspección General de Justicia aguarda el análisis técnico de los balances, sectores del Ejecutivo presionan por una intervención más directa sobre la entidad que conduce Claudio "Chiqui" Tapia.
Política
Redacción ARG360
La interna oficialista sumó un nuevo capítulo de tensión en las últimas horas. El foco del conflicto es la designación de veedores para supervisar las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), una medida que genera visiones contrapuestas entre la Inspección General de Justicia (IGJ) y otros sectores del Gobierno nacional.
Pese a la presión de ciertos despachos de Balcarce 50, la IGJ —bajo la órbita del Ministerio de Justicia— mantiene una postura cautelosa. El organismo se encuentra actualmente en la fase de análisis de la documentación aportada por la AFA y la Liga Profesional, tras las recientes audiencias con los auditores de la entidad deportiva.
El foco de la discordia
"No creemos que las declaraciones obtenidas hasta ahora reflejen la totalidad de la situación", deslizó a este medio una fuente con despacho en la Casa Rosada, evidenciando el malestar con los tiempos del organismo de control.
Sin embargo, desde el entorno de la IGJ intentan bajarle el tono a la confrontación y priorizan el rigor técnico: “La designación de veedores sigue bajo análisis, pero no se implementará de forma arbitraria. Si no hay razones objetivas, no se hará. No se persigue a nadie”, aseguran.
Auditoría bajo la lupa: los puntos clave
El proceso se centra en un estudio minucioso de los estados contables de la AFA entre 2017 y 2024. Según pudo saber TN, los puntos que generan mayor suspicacia son:
Falta de detalle: La IGJ detectó que las cifras originales "no estaban discriminadas ni abiertas" en los cuadros anexos de los balances.
Veracidad de los datos: Se busca confirmar si los números presentados coinciden con la realidad financiera de la institución.
Prevención de lavado: Los auditores deben explicar qué procedimientos siguieron para descartar irregularidades o maniobras de blanqueo de activos.
El contraataque de la AFA
Desde la calle Viamonte, la respuesta fue tajante. La conducción de Tapia no solo negó cualquier irregularidad contable o malversación, sino que acusó al Gobierno de actuar con "desidia e irregularidad". Además, defendieron la legalidad de su cambio de jurisdicción, argumentando que el proceso contó con el aval previo de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires.
Por ahora, la IGJ esperará a detectar inconsistencias insalvables antes de dar el paso hacia la designación de un veedor, una figura que el ala más dura del Ejecutivo reclama como un hecho consumado para aumentar el control sobre el fútbol argentino.
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