Argentina fue pionera en la región cuando en 2017 sancionó la Ley 27.350, que reguló el uso medicinal y terapéutico del cannabis. Desde entonces, se fueron sumando normas y resoluciones que permitieron investigar, cultivar y garantizar el acceso a tratamientos basados en esta planta
Claves Casandra Bonilla
El camino continuó en 2022 con la Ley 27.669, que abrió la puerta al desarrollo industrial del cannabis y el cáñamo, y en 2023 con la creación de la ARICCAME, la agencia encargada de regular el sector.
Sin embargo, en los últimos años se produjo un freno. Suspensiones de registros, demoras en la aprobación de permisos y limitaciones en licencias generaron incertidumbre y preocupación entre pacientes, investigadores y productores. El resultado: una regresión en materia de derechos y un posible incumplimiento de las obligaciones internacionales que asumió Argentina.
El derecho a la salud en juego
El cannabis medicinal no es un tema aislado. Está directamente ligado al derecho a la salud, reconocido en distintos tratados internacionales: desde la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pasando por la Convención Americana de Derechos Humanos.
Esto implica que los Estados, incluido Argentina, tienen la obligación de garantizar un acceso progresivo y no regresivo a la salud. Es decir: no solo deben ampliar derechos, sino también evitar retrocesos que limiten los ya alcanzados.
En este marco, la falta de implementación de las normativas y las recientes medidas restrictivas no solo afectan a quienes necesitan cannabis para tratamientos médicos, sino que también pueden exponer al país a responsabilidad internacional.
Una práctica regional que podría llegar a ser costumbre
La mayoría de los países de Latinoamérica —como Uruguay, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Paraguay y Ecuador— han avanzado en la regulación del cannabis medicinal. Este consenso regional podría ser interpretado, desde un enfoque contemporáneo de la costumbre internacional, como el inicio de una práctica generalizada que eventualmente se transformaría en un estándar jurídico, siempre que vaya acompañado de la convicción jurídica (opinio iuris), tal como sostienen autores que abordan la costumbre desde una perspectiva más flexible y dinámica.
En otras palabras, ya no se trata de una política opcional: legislar en favor del acceso al cannabis medicinal forma parte de un compromiso humanitario compartido en la región. Al incumplirlo, Argentina queda expuesta no solo a críticas internas, sino también a sanciones y reclamos en foros internacionales.
¿Qué significa la responsabilidad internacional?
Cuando un Estado viola una obligación internacional —ya sea por acción o por omisión— incurre en responsabilidad internacional. Esto puede derivar en:
>El deber de cesar la conducta ilícita
>El compromiso de no repetirla
>Y, en algunos casos, en reparaciones o indemnizaciones.
En el caso argentino, la demora en inscripciones, el freno a registros de semillas y la intervención de la ARICCAME generan un cuadro que podría considerarse regresivo y contrario a las obligaciones asumidas.
El desafío por delante
Argentina había logrado un camino progresivo en la regulación del cannabis medicinal e industrial. Sin embargo, los cambios recientes muestran un retroceso que afecta tanto a pacientes como a productores, investigadores y asociaciones civiles.
El desafío urgente es retomar una política pública que garantice el acceso, respete los tratados internacionales y acompañe la evolución regional. No hacerlo no solo implica dejar a miles de personas sin respuestas médicas, sino también arriesgar la reputación del país en el escenario internacional.
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Argentina fue pionera en la región cuando en 2017 sancionó la Ley 27.350, que reguló el uso medicinal y terapéutico del cannabis. Desde entonces, se fueron sumando normas y resoluciones que permitieron investigar, cultivar y garantizar el acceso a tratamientos basados en esta planta