Redacción ARG360
La decisión del presidente de vetar la ley de financiamiento universitario desató una ola de rechazo en la comunidad académica. El proyecto, que había sido aprobado por el Congreso con amplio consenso, tenía como objetivo principal actualizar el presupuesto de las universidades nacionales para hacer frente a la inflación y garantizar el normal funcionamiento de las casas de estudio. La UBA, junto a otras universidades del país, había advertido en reiteradas ocasiones sobre la crisis presupuestaria que atraviesan, la cual ponía en riesgo la continuidad de programas de investigación, el mantenimiento de la infraestructura y hasta el pago de salarios.
En un comunicado, la UBA expresó su "profunda preocupación y rechazo" al veto presidencial, calificándolo como un "golpe a la educación pública y a la autonomía universitaria". Por su parte, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) convocó a un paro por 24 horas y a una movilización en defensa de la universidad pública.
La medida de fuerza ha generado un fuerte impacto en la vida universitaria. Se han suspendido clases, exámenes y otras actividades académicas en todas las facultades. Las autoridades de la UBA han manifestado que el paro continuará hasta que el gobierno revierta su decisión o se logre una mesa de diálogo que ofrezca una solución concreta a la crisis financiera que atraviesan las universidades. El veto presidencial ha abierto un nuevo capítulo en la tensa relación entre el gobierno y el sector académico, con la educación pública en el centro del debate.
