La UBA se planta: “Sin cambios, la universidad pública dejará de existir como tal”

En un contexto de creciente tensión entre el gobierno nacional y las instituciones educativas, la Universidad de Buenos Aires (UBA) ha convocado a una masiva marcha en respuesta al reciente veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Esta medida, impulsada por el Poder Ejecutivo, ha encendido las alarmas en la comunidad académica, que advierte sobre las graves consecuencias que podría acarrear para el futuro de la educación pública en Argentina. La consigna es clara: "Si hay veto, hay marcha", y la preocupación se centra en la sostenibilidad y la calidad de las universidades públicas, pilares fundamentales para el desarrollo del país.

El presidente Javier Milei firmó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, una normativa que había sido aprobada por el Congreso semanas atrás con un amplio consenso. Esta decisión, según el gobierno, se justifica por el "importante impacto fiscal" que implicaría su aplicación. Sin embargo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) había estimado un costo fiscal de $1,96 billones en 2025, equivalente al 0,23% del PIB, una cifra que la comunidad universitaria considera necesaria para garantizar el funcionamiento adecuado de las casas de estudio.
El veto se produce en un momento crítico para las universidades públicas, que ya venían denunciando un desfinanciamiento progresivo. La falta de actualización presupuestaria ha derivado en una reducción significativa del poder adquisitivo de los salarios del sector, afectando tanto a docentes como a no docentes. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre y preocupación, ya que compromete la capacidad de las universidades para mantener la calidad académica, la investigación y la extensión universitaria.

Ante el veto, la UBA y otras universidades públicas han convocado a una movilización masiva, bajo la consigna "Si hay veto, hay marcha". Esta no es la primera vez que la comunidad universitaria se manifiesta en defensa de la educación pública; de hecho, se anuncia como la tercera marcha universitaria en lo que va del año. La indignación es palpable, y la consigna refleja la determinación de no ceder ante lo que consideran un ataque directo a la autonomía y la sostenibilidad de las instituciones educativas.
Docentes, no docentes, estudiantes y autoridades universitarias han expresado su profunda preocupación por el futuro de la educación superior. La UBA, en particular, ha sido una de las voces más fuertes en esta protesta, exigiendo al gobierno que reglamente la Ley de Financiamiento Universitario y que garantice los recursos necesarios para el normal funcionamiento de las universidades. La consigna "Si no se revierte, vamos a dejar de ver a las universidades públicas tal cual las conocemos" resume el temor a un deterioro irreversible del sistema educativo público.

El desfinanciamiento de las universidades públicas no solo afecta a la comunidad académica, sino que tiene un impacto directo en el desarrollo del país. Las universidades son centros de producción de conocimiento, investigación científica y formación de profesionales, elementos clave para el progreso social y económico. La reducción de presupuestos puede llevar a la precarización de la enseñanza, la fuga de cerebros y la pérdida de oportunidades para miles de jóvenes que ven en la educación pública la posibilidad de un futuro mejor.
La marcha de la UBA y el resto de las universidades busca visibilizar esta problemática y presionar al gobierno para que revea su postura. La defensa de la educación pública se ha convertido en una bandera que une a diversos sectores de la sociedad, conscientes de la importancia estratégica de las universidades para el presente y el futuro de Argentina.