Redacción ARG360
La Cámara de Diputados de la Nación se prepara para un escenario político inédito. El secretario parlamentario, Adrián Francisco Pagán, convocó para este martes 23 de junio a las 14:00 horas a una sesión especial en la que se tratarán seis expedientes que buscan, en última instancia, la posible remoción del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.
La iniciativa, impulsada por los diputados Germán Martínez (Unión por la Patria) y Esteban Paulón (socialismo), junto a un amplio arco opositor, apunta a activar por primera vez el artículo 101 de la Constitución Nacional, que habilita al Congreso a remover al jefe de Gabinete con la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras. Desde la reforma de 1994, este instrumento nunca fue aplicado.
Sin embargo, la oposición enfrenta un obstáculo numérico: los firmantes del pedido reúnen alrededor de 120 diputados, nueve por debajo del quórum de 129 necesario para abrir la sesión. "Estamos cerca pero por lo menos, por ahora, no está el número. Tenemos que seguir conversando", reconoció un miembro de la oposición en off the record. La diferencia depende de que al menos una parte del PRO, la UCR o Innovación Federal presten sus votos.
El detonante: declaraciones juradas y ahorros no declarados
El conflicto se disparó a raíz de la declaración jurada patrimonial que Adorni presentó ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Oficina Anticorrupción, en la que incorporó activos que no habían figurado en presentaciones anteriores. Entre los bienes incorporados con posterioridad se cuentan USD 300.000 originados en inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, una vivienda en el country Golf Club Indio Cuá, préstamos privados y tenencias en moneda extranjera.
A esto se sumó la declaración del contratista Matías Tabar ante la Justicia, quien afirmó haber recibido USD 245.000 en efectivo por refacciones en una propiedad de Adorni que incluyeron una piscina con cascada.
La contradicción entre sus dichos públicos y las rectificaciones posteriores agudizó el escándalo. El 29 de abril, durante su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Adorni había sostenido: "Nunca existió ocultación alguna". Semanas después, admitió en televisión haber acumulado junto a su esposa más de medio millón de dólares en ahorros no declarados durante 2023 y 2024, y justificó la situación al señalar que "ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos".
Reacciones en la oposición y dudas sobre el quórum
Esa frase generó reacciones adversas incluso entre los aliados habituales del oficialismo. El PRO emitió un comunicado en el que calificó las omisiones de Adorni como "una falta grave" y sostuvo que "un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo". La Unión Cívica Radical (UCR) fue más tajante: afirmó que las declaraciones del jefe de Gabinete son "incompatibles con la ejemplaridad" del cargo y que "quien le miente al Congreso y a la sociedad no está en condiciones de conducir el Estado".
Pese a la dureza de los comunicados, varios legisladores de la oposición desconfían de que los bloques del PRO y la UCR bajen a dar quórum. "Lo mismo de siempre, ponen como excusa que la sesión la pide el peronismo, pero en realidad están a la espera de lo que haga el Senado", explicó un diputado opositor con diálogo en ambos bloques.
El laberinto reglamentario
El diputado radical Pablo Juliano, de la bancada Provincias Unidas, presentó uno de los proyectos de moción de censura con el respaldo de legisladores de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, la Izquierda y otros bloques. Entre los firmantes figuran Martín Lousteau, Maximiliano Ferraro, Cecilia Moreau y Myriam Bregman. También adhirió el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, del espacio que responde al gobernador Martín Llaryora, cuya relación con la Casa Rosada atraviesa un momento de tensión.
En caso de que la oposición obtenga los 129 diputados para abrir la sesión, se abrirá un segundo debate sobre el camino procesal que debe seguir la interpelación. Ninguno de los seis proyectos tiene dictamen de comisión, por lo que La Libertad Avanza pedirá que se consigan los dos tercios para su tratamiento sobre tablas, algo que la oposición considera imposible. La oposición, en cambio, entiende que podrían votar directamente los proyectos y poner fecha para la interpelación por el artículo 101 de la Constitución, que regula el rol del Jefe de Gabinete y no la creación de leyes.
Si no logran zanjar esa diferencia, deberán recurrir al emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento —ambas controladas por La Libertad Avanza— para que dictaminen los proyectos.
El desenlace de esta pulseada política se definirá en las próximas horas, con la mirada puesta en el recinto y en los números que, hasta ahora, siguen siendo esquivos para la oposición.
