Los universitarios tomaron el Palacio Pizzurno para exigir que el Gobierno cumpla la ley de financiamiento

El origen de la protesta: una ley aprobada hace más de un año

El reclamo central de los estudiantes es la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso hace más de un año pero nunca ejecutada por el Poder Ejecutivo. "Hace más de un año que se aprobó la ley de financiamiento y no podemos seguir esperando a que un Gobierno ejecute algo que la sociedad argentina ya dijo que quiere que se ejecute", declaró Isabel González, consejera del Departamento de Filosofía y Letras de la UBA.

El detonante inmediato de la medida fue la decisión del juez federal Martín Cormick, quien un día antes declaró inconstitucional el decreto que suspendía la ley y ordenó al Gobierno "de inmediato" girar los fondos a las universidades. Sin embargo, el Ejecutivo anunció que apelará el fallo, lo que terminó de encender la protesta.

El operativo: del acampe al desalojo

Desde el mediodía, estudiantes de la UBA, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y la Universidad Nacional de las Artes (UNA), entre otras, se concentraron frente al Pizzurno. Un grupo ingresó al hall del edificio y comenzó un acampe, advirtiendo que no se retiraría hasta ser recibido por el ministro de Educación, Carlos Torrendell.

Según relataron los propios estudiantes, Torrendell finalmente aceptó recibir a cuatro representantes, pero el encuentro nunca se concretó: las delegadas fueron llevadas a una sala, les retiraron los teléfonos y el ministro les comunicó que "no podía dialogar con ellas" antes de retirarse. En simultáneo, la Policía Federal ingresó por distintas puertas laterales y comenzó a desalojar a quienes permanecían en el hall, con empujones y gas lacrimógeno, en una escena de fuerte tensión.

Los reclamos: más allá de la ley de financiamiento

Además de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, los manifestantes plantearon una serie de demandas concretas: el aumento del monto de las Becas Progresar, la implementación del boleto estudiantil en todo el país, una política integral de salud mental y partidas de emergencia para comedores y residencias universitarias.

"Estamos hartos de mendigar lo que nos corresponde. Marchamos, dimos clases públicas, cortamos calles, presentamos petitorios, el Congreso se pronunció y la Justicia falló. Estamos frente a un Gobierno que no quiere escuchar a la comunidad universitaria, ni al conjunto de la sociedad, ni siquiera a un Poder Judicial que falló varias veces a nuestro favor. Se nos acabó la paciencia", había advertido antes del desalojo Valentina Bal Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA.

La respuesta del Gobierno: "Con la fuerza no se consigue nada"

Tras el desalojo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se pronunció en redes sociales: "Con la fuerza no se consigue nada". Además, anunció que el Gobierno iniciará acciones judiciales contra los estudiantes, a quienes acusó de "ocupación violenta" de un edificio público y de provocar "daños al patrimonio".

El Ministerio de Capital Humano emitió luego un comunicado oficial en el que sostuvo que "el desalojo se pudo concretar gracias a la coordinación con el Ministerio de Seguridad y la Policía Federal", y remarcó que "no queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, el daño al patrimonio público y la toma de edificios públicos sean el modo de protesta".

Lo que viene: marcha federal del 15 de octubre

El episodio del Pizzurno es leído como antesala de una movilización mayor. Organizaciones estudiantiles, gremios docentes y no docentes ya convocaron para el 15 de octubre la quinta marcha federal universitaria, que se dirigirá al Congreso y confluirá con otras organizaciones sociales que reclaman la sanción de la Ley de Tierras y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Analistas políticos señalan que el conflicto por el financiamiento universitario dejó de ser una disputa puramente presupuestaria para convertirse en una discusión sobre el respeto del Poder Ejecutivo a los otros poderes del Estado. Los estudiantes insisten en un argumento de fondo: cuando el Ejecutivo decide qué leyes cumple y qué fallos acata, lo que se pone en juego no es solo el presupuesto de las universidades, sino el contrato mismo del Estado de derecho.