Redacción ARG360En un nuevo revés judicial para el gobierno nacional, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Poder Ejecutivo debe ejecutar sin demoras la ley de financiamiento universitario. Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán desestimaron la apelación presentada por el Estado y confirmaron la medida cautelar que ya había sido dictada en diciembre pasado por el juez Enrique Cormick.
La decisión exige al gobierno cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que disponen la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas correspondiente al período que va del 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma en septiembre de 2025. Asimismo, contempla la recomposición de todos los programas de becas estudiantiles.
En su fallo, los camaristas calificaron como “poco serios” los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo, que había sostenido que la cautelar constituía una “sentencia definitiva encubierta”. Además, subrayaron que el impacto fiscal de la medida es “bajo” y no afecta de manera sustancial el interés público, en contraste con el derecho central a la educación superior pública que está en juego.
Antecedentes del conflicto
La cautelar original fue dictada en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, con el respaldo de más de 40 casas de altos estudios. El juez Cormick había considerado entonces que el Decreto 759/2025, mediante el cual el gobierno suspendió la ejecución de la ley y condicionó su aplicación a la existencia de recursos específicos, presentaba rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
El conflicto entre el Ejecutivo y el sector universitario escaló durante 2024 y 2025. Tras la sanción de la ley por parte del Congreso, el presidente Javier Milei vetó la norma, lo que desencadenó masivas movilizaciones. En octubre de 2024 y nuevamente en septiembre de 2025, cientos de miles de personas participaron en marchas federales bajo lemas como “Si hay veto, hay marcha”, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en todo el país.
Postura oficial y próximos pasos
El gobierno había rechazado el fallo judicial calificándolo de “arbitrario” y advirtiendo que la ley requiere primero definir sus fuentes de financiamiento e incorporarlas al Presupuesto, una cuestión que, según el Ejecutivo, compete al Congreso. También había alertado sobre posibles efectos en el equilibrio fiscal, un punto que la Cámara desestimó en su pronunciamiento.
Ante la persistencia del conflicto en los planos legal, político y social, desde la Secretaría de Educación señalaron que la estrategia oficial apunta ahora a construir consensos para elaborar una nueva ley que modifique el esquema actual, sin derogarlo, y que brinde “recursos y seguridad jurídica” a las universidades.
