Histórica media sanción: Diputados aprobó la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

Con 149 votos a favor, el oficialismo y bloques aliados lograron dar el primer paso para el nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad, pasa ahora al Senado.

PolíticaRedacción ARG360Redacción ARG360
XPBABGFYBFHSHJZRPUA2QDS62I

El escenario en el recinto
En una jornada marcada por intensos debates, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto que reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. La votación resultó en 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones.

La Libertad Avanza (LLA) contó con el respaldo estratégico del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales (Encuentro Federal, Innovación Federal e Independencia, entre otros). Por su parte, el peronismo mantuvo un rechazo orgánico en la votación general, aunque sufrió una fisura interna: los diputados del Frente Renovador apoyaron la baja de la edad durante la votación en particular, aludiendo a su "posición histórica" sostenida desde 2015.

 
Claves del Nuevo Régimen Penal Juvenil
El proyecto no solo modifica la edad de punibilidad, sino que establece un marco normativo integral para delitos cometidos por menores:

Penas Máximas: Se establece un tope de 15 años de prisión para delitos gravísimos (homicidios, abusos sexuales, secuestros y robos con violencia).
Penas Alternativas: Para delitos con condenas menores a 10 años, se contemplan sanciones como servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y prohibición de acercamiento.
Centros Especializados: Queda estrictamente prohibido que los menores convivan con adultos. Se crearán institutos con personal especializado y enfoque en educación y tratamiento de adicciones.
Derechos de las Víctimas: Se les garantiza patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y participación activa en el proceso.
 
Presupuesto y tensiones con las provincias
Uno de los puntos que destrabó el apoyo de los gobernadores fue la inclusión de una partida presupuestaria específica. El Gobierno nacional se comprometió a transferir más de $23.700 millones, distribuidos entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación, para evitar que el costo de la infraestructura recaiga exclusivamente en las arcas provinciales.

"Sin inversión en establecimientos adecuados y educación, es solo humo para la tribuna", advirtió Miguel Ángel Pichetto, subrayando que el éxito de la ley dependerá de la ejecución de estos fondos.
 
Cruces: ¿Prevención o Castigo?
El debate reflejó dos visiones contrapuestas sobre la seguridad y la infancia:

El Debate de Fondo: Dos Visiones Contrapuestas
El tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad dejó en evidencia una brecha ideológica profunda sobre cómo el Estado debe abordar la delincuencia juvenil. A continuación, se detallan los ejes centrales de la disputa:

1. Diagnóstico de la Ley Actual
Postura Oficialista y Aliados: Sostienen que el régimen vigente (que data de 1980) es obsoleto. Argumentan que el sistema actual deja a los menores en un "limbo" jurídico que no los resocializa y, peor aún, es aprovechado por las organizaciones narcocriminales para utilizarlos como mano de obra impune.
Oposición (UxP e Izquierda): Consideran que el foco del diagnóstico es errado. Afirman que el verdadero problema no es la falta de castigo, sino la ausencia de inversión en salud mental, salarios dignos para los trabajadores del área social y programas de desintoxicación para jóvenes con consumos problemáticos.
2. Justicia y Respuesta a las Víctimas
Postura Oficialista y Aliados: Defienden la medida como una respuesta ética y necesaria hacia las víctimas. Plantean que la sociedad no puede permitir que delitos graves queden impunes basándose únicamente en la edad, y que el Estado debe garantizar que los jóvenes respondan por sus actos.
Oposición (UxP e Izquierda): Voces como la de Juan Grabois sintetizaron su rechazo advirtiendo que "la edad la pueden bajar a cero, pero eso no resuelve el problema de fondo". Para este sector, la punitividad es una respuesta superficial que no ataca las causas estructurales de la violencia.
3. El Objetivo del Estado: ¿Resocialización o Prevención Social?
Postura Oficialista y Aliados: El proyecto busca una resocialización temprana. Según los impulsores, al ingresar al sistema penal especializado bajo estándares internacionales, el joven recibe una intervención estatal clara que busca evitar que se convierta en un criminal adulto.
Oposición (UxP e Izquierda): Cuestionan que se priorice la construcción de cárceles o institutos de menores antes que fortalecer la prevención. Denuncian la falta de inversión previa en centros deportivos, escuelas de calidad y clubes barriales, que funcionan como la primera barrera contra el delito.

Presencia en los palcos
La sesión fue seguida de cerca por referentes de organizaciones como Madres del Dolor y Usina de Justicia, junto a familiares de víctimas de crímenes de gran impacto público, quienes celebraron el avance de la norma como un paso hacia el fin de la impunidad.

¿Qué sigue? El oficialismo confía en convertir el proyecto en ley en el Senado antes de la finalización del período de sesiones extraordinarias.

Te puede interesar
Lo más visto