Revés judicial para la AFA: la Justicia ordinaria investigará el presunto fraude de los "300 millones"

La Cámara del Crimen porteña dictó un fallo clave que frena el intento de los imputados de llevar la causa al fuero federal de Lomas de Zamora. Con la firma del juez Ignacio Rodríguez Varela, se resolvió que la Justicia penal ordinaria es la que debe investigar las supuestas maniobras de administración fraudulenta en la AFA, relacionadas con contratos celebrados en Estados Unidos.

El tribunal revocó así la decisión de primera instancia de la jueza Paula Petazzi, quien a principios de enero había aceptado declinar la competencia en favor del juzgado federal que investiga el caso de Sur Finanzas.

 
Los argumentos del fallo: "El fraude no es un delito federal"
La defensa de Javier Faroni y Érica Gillette, a la que se sumó el Ministerio Público Fiscal, buscaba que la causa pasara a manos del juez federal Luis Armella. Argumentaban que existía una "conexidad" con investigaciones de lavado de activos. Sin embargo, el camarista Rodríguez Varela fue tajante:

Naturaleza del delito: El fraude es un delito común. El tribunal subrayó que la competencia federal es excepcional y no se justifica "solo porque el monto sea elevado o involucre a una institución de gran relevancia".
Independencia de hechos: El fallo distingue entre la administración infiel (que lesiona el patrimonio de la AFA) y el lavado de dinero (que afecta el orden económico). Son hechos independientes que no obligan a unificar los expedientes.
Jurisdicción territorial: Dado que la sede de la AFA está en la calle Viamonte (CABA), el juez natural debe ser el de la justicia nacional ordinaria.
"No se pueden confundir las conductas de administración infiel con el lavado de activos. El fraude busca lesionar el patrimonio; el lavado busca dar apariencia lícita a bienes de origen delictivo", sostiene la resolución.
 
La denuncia: amistosos, empresas "fantasma" y desvíos
La causa se inició por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni contra la cúpula de la AFA. La hipótesis delictiva sostiene que:

Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino habrían desviado fondos millonarios mediante contratos para organizar partidos de la Selección Argentina.
Se utilizaron sociedades como ProSport Live LLC, CRI y Tour ProdEnter LLC (esta última vinculada a Faroni y Gillette) para gestionar cobros en el extranjero.
Cerca de 300 millones de dólares habrían terminado en cuentas de firmas sin actividad real o utilizados para costear lujos personales, como alquiler de aviones y yates.
Sin conexión con el caso Banfield
La Cámara también advirtió que no hay una "superposición lógica" con la causa de Lomas de Zamora, la cual se originó por irregularidades en el Club Banfield. Según el tribunal, el juzgado federal no tiene un objeto procesal preciso sobre la AFA, y la mera existencia de prueba común no autoriza a que la justicia federal absorba delitos ordinarios.