A casi 30 años del doble crimen de las mochileras, condenaron al autor a indemnizar a la familia de una de las víctimas

La Justicia civil de Bahía Blanca confirmó de forma parcial la sentencia que condenó a Eduardo Fermín Eliçabe —autor del doble crimen de las mochileras, ocurrido en 1998— y al excomisario Leónidas Hugo Soria a indemnizar a la familia de Irina Laura Montoya, una de las jóvenes asesinadas. La resolución ratificó la condena contra Eliçabe, quien cumple prisión perpetua en la causa penal, y extendió la responsabilidad a Soria, propietario de la empresa de seguridad para la que trabajaba el acusado al momento del hecho.

Ambos deberán afrontar un resarcimiento de $21.060.000, más intereses, si el fallo queda firme. Los camaristas Marcelo Restivo, Patricio Lombardi y Fernando Kalemkerian consideraron que Eliçabe aprovechó su función de custodio de cargas para trasladar a las víctimas y que esa condición pudo haber generado confianza en las jóvenes al momento de aceptar subir al vehículo. Para los jueces, sin esa vinculación laboral Eliçabe no habría tenido la ocasión de abordar a Montoya en las circunstancias en que ocurrió el crimen.

El crimen que conmocionó al país

El doble homicidio ocurrió en febrero de 1998 sobre la ruta 33, cerca de García del Río, a menos de 40 kilómetros de Bahía Blanca. Irina Laura Montoya, de 24 años, y María Dolores Sánchez, de 18, viajaban desde Chañar Ladeado, Santa Fe, hacia la Patagonia haciendo dedo cuando subieron al vehículo conducido por Eliçabe. Las jóvenes fueron asesinadas a tiros después de un ataque sexual.

Eliçabe había sido condenado a reclusión perpetua por tiempo indeterminado al ser hallado culpable de homicidio doblemente agravado por alevosía y para ocultar otro delito, en ese caso la violación. Sin embargo, recuperó la libertad a fines de 2010, después de cumplir 13 años de prisión y de acceder al beneficio de la entonces vigente ley del "2x1".

El dolor de una madre que sigue intacto

"Esto volvió a tocarnos el corazón, aunque todos los días la estamos recordando", dijo Mari, madre de Irina, a Infobae con la voz entrecortada. "No puedo hablar", se disculpó, con el dolor intacto.

"Respecto a este fallo, lo que nos hubiera gustado es que este tipo esté preso. Le arruinó la vida a las chicas y a nosotros, su familia. Tuvimos muchos problemas de salud, con la ayuda de Dios salimos adelante y nos ayudaron mucho nuestros amigos. No nos interesa el dinero, lo que nos interesaba es que él esté en la cárcel. Yo pienso que no se hizo Justicia. 12 años para una persona que violó y mató no es nada", remarcó.

Apelación ante la Suprema Corte

El abogado de los padres de Montoya, Alejandro Vecchi, anticipó que apelará la resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. El planteo apunta a que también se analice la presunta responsabilidad del Estado provincial.

Vecchi, que llegó al caso a través de la Fundación José Luis Cabezas, afirmó que la demanda incluyó a la Provincia por su función de control sobre la empresa de seguridad de Soria. Según explicó, la firma tenía una disposición administrativa de inhabilitación en trámite al momento del doble homicidio.

El letrado sostuvo que el Ministerio de Seguridad debía verificar la habilitación de la agencia, los antecedentes laborales de Eliçabe y su eventual autorización para portar armas. "La sentencia solamente le da responsabilidad a Soria y Eliçabe y nosotros no estamos de acuerdo con eso", dijo en declaraciones a Canal Siete.

"Si el Estado hubiera actuado en su momento, consideró la familia y así nosotros lo pusimos en la demanda, es muy posible que hoy no estuviéramos hablando de este crimen", sostuvo.

La defensa de la familia cuestionó además el tiempo que demandó la causa civil. La condena penal contra Eliçabe quedó firme en 2006, mientras que la resolución sobre la indemnización se conoció casi dos décadas después.

"Es una exageración la cantidad de tiempo", sostuvo Vecchi. El abogado también destacó que el reclamo civil no tiene como principal objetivo una compensación económica. "Esto se hace por una cuestión de justicia y por una cuestión de no dejar impune a los funcionarios públicos que autorizaron a que funcione una agencia trucha, que era trucha al momento de que mataron a las chicas", afirmó.