Redacción ARG360
La Justicia bonaerense asestó un golpe al plan privatizador del Gobierno nacional sobre Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó este lunes una medida cautelar que prohíbe a la empresa modificar, reducir o limitar sus obligaciones vigentes en materia de agua potable, salud pública y medio ambiente. En el mismo fallo, el tribunal resolvió girar la causa a la Justicia federal, donde se resolverá la cuestión de fondo.
La resolución llega en un momento crítico para el oficialismo: el próximo 15 de septiembre está prevista la apertura de sobres de la licitación para transferir el 90% de las acciones de la compañía, que abastece de agua potable a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del Conurbano bonaerense. El Gobierno estima recaudar unos 450 millones de dólares con la operación.
La medida había sido impulsada por el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, quien advirtió sobre un "riesgo inminente" de que el proceso de reestructuración y privatización derivara en un deterioro del servicio y el abandono de obras planificadas.
El fallo, firmado por los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez, ordena a AySA abstenerse de adoptar cualquier medida que implique "modificar, limitar, reducir, diferir, alterar, suspender o desnaturalizar" las obligaciones asumidas respecto del acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente sano.
En un pasaje central de la resolución, los magistrados advirtieron que "la flexibilización y laxitud en cuanto a la salubridad y protección ambiental que parecerían desprenderse del nuevo convenio, permiten válidamente vislumbrar una situación de riesgo que es por definición irreversible, ya que el daño al ambiente es de aquellos de los que cabe decir que no admiten la posibilidad de una verdadera reparación".
El nuevo contrato de concesión, firmado en mayo de 2026, habilitaba estándares de calidad más bajos para un eventual operador privado, lo que motivó la intervención judicial.
Además de confirmar la cautelar, la Cámara resolvió remitir el expediente al fuero federal, un punto que había sido apelado por la Defensoría del Pueblo, que pretendía que el caso permaneciera en la Justicia provincial.
Los jueces fundamentaron esta decisión en que AySA "es una sociedad anónima dedicada al servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales, cuya titularidad resulta asumida por el Estado nacional como principal accionista". El argumento central es que la discusión requiere interpretar y aplicar el marco regulatorio nacional del servicio.
El expediente será remitido a la Cámara Federal de La Plata para el sorteo del juzgado que intervendrá en la causa. Fuentes judiciales indicaron que el caso podría recaer en los tribunales de Comodoro Py.
Tras conocerse el fallo, el Defensor del Pueblo bonaerense fue contundente al señalar las consecuencias de una eventual privatización en los términos que impulsa el Gobierno nacional.
"Una privatización en los términos que busca AySA y el gobierno nacional entregaría a los potenciales compradores una empresa sin la exigencia de cumplir la obligación de provisión de agua potable y dejándole el pasivo ambiental para que se haga cargo la Provincia, los municipios o los habitantes con su salud", sostuvo Lorenzino.
El funcionario destacó que "el agua potable es un derecho humano fundamental que no puede quedar sujeto a la flexibilización de contratos ni al recorte de inversiones".
Pese al fallo judicial, el proceso de privatización continúa en el plano administrativo. Entre los principales grupos económicos que pujan por quedarse con el control del suministro de agua —que abastece a más de 14 millones de habitantes— asoman el Grupo Roggio (operador de Aguas Cordobesas), el holding de Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti (Transclor), y consorcios internacionales como la firma estatal brasileña Sabesp.
El fallo no anula el proceso de privatización en sí mismo, pero establece un límite concreto: mientras no se resuelva la cuestión de fondo, la empresa no podrá avanzar con modificaciones que impliquen un retroceso en sus obligaciones de servicio, y la transferencia ya no será automática sino que quedará sujeta al filtro de los tribunales federales.
