Redacción ARG360
La política de ajuste tarifario que el Gobierno nacional viene aplicando desde 2024, con la progresiva reducción de subsidios a los servicios públicos, sigue golpeando con mayor dureza a los bolsillos de las familias de menores recursos. Según un informe de la Fundación Capital, los hogares más pobres ya destinan más del 20% de sus ingresos al pago de electricidad, gas, agua y transporte, un nivel que genera creciente malestar social y obliga a reconfigurar los presupuestos familiares.
El dato más elocuente surge del análisis por segmentos: una familia cuyos ingresos equivalen a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), es decir, $735.600 en junio, destinó el 22% de sus ingresos al pago de servicios públicos. Esta cifra representa un aumento de 5,7 puntos porcentuales respecto a un año atrás y se cuadruplicó frente al 5,3% que significaban estas facturas en diciembre de 2023.
El impacto no es homogéneo y evidencia una brecha cada vez mayor entre los distintos estratos sociales. Mientras los hogares más pobres ven erosionado casi un cuarto de sus ingresos, una familia de ingresos medios-altos (tres Canastas Básicas Totales, unos $4.500.000) destina apenas el 6% de su presupuesto a los mismos servicios. En el extremo superior, los hogares del decil 10 (ingresos cercanos a los $7.000.000) solo utilizan el 3%.
“La recomposición tarifaria redujo el ingreso disponible de los hogares, especialmente en los de menores ingresos”, señala el informe de Fundación Capital, que añade: “De cara al segundo semestre, el escenario más probable combina una recomposición real moderada de los salarios, pero con una dinámica del ingreso disponible aún condicionada por la evolución tarifaria”.
El Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet) coincide en el diagnóstico. Según sus mediciones, las familias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvieron que destinar $249.834 en mayo para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable. “Los gastos fijos crecieron y representan en promedio el 24% de los ingresos familiares, cuando hace dos años era del 15%”, explicó Mateo Borenstein, economista de Empiria.
El ingreso disponible de los hogares —el dinero que queda luego de afrontar gastos como el alquiler y las tarifas— se encuentra estancado hace cinco meses y un 5% por debajo de los niveles de noviembre de 2023. En ese contexto, las familias se ven forzadas a priorizar el pago de los servicios y recortar en salud, educación y alimentos.
La presión no cederá en el corto plazo. A partir del 1° de julio, una nueva oleada de incrementos golpeará los bolsillos de los argentinos. El ENRE autorizó una suba promedio del 1,5% en las facturas eléctricas de Edenor y Edesur; el ENARGAS aprobó un incremento del 2,81% para el gas; y AySA implementará un alza del 3% en el agua. El transporte público, por su parte, registrará subas de hasta el 8,6% en trenes y del 4,1% en colectivos y subtes.
La canasta de servicios acumula un alza del 919% desde diciembre de 2023, frente al 236% que registró el índice general de precios en el mismo período. En diciembre de ese año, las facturas de servicios representaban el 4,3% del salario promedio del sector privado registrado; hoy, ese porcentaje trepó al 10,7%, más del doble.
Con los salarios reales aún por debajo de los niveles prepandemia y la inflación erosionando el poder adquisitivo, el escenario alimenta un creciente malestar en los sectores populares. Organizaciones sociales y sindicales advierten que la situación es insostenible y reclaman una revisión de la política de subsidios.
El Gobierno, por su parte, defiende la recomposición tarifaria como parte del ordenamiento fiscal y la reducción del déficit, aunque extendió hasta junio algunos descuentos para usuarios de bajos ingresos. Sin embargo, el desafío de compatibilizar el ajuste fiscal con la protección de los sectores más vulnerables se presenta como una de las principales tensiones sociales de los próximos meses.
