Redacción ARG360:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2026/04/614559.jpg)
El Gobierno argentino dio un paso contundente en la implementación de la reforma laboral al anunciar la renegociación de 446 convenios colectivos de trabajo, casi el triple de los 150 que había previsto inicialmente. Así lo informó este jueves el Ministerio de Capital Humano a través de un comunicado oficial, en el que se detalla el inicio del procedimiento establecido en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. En la práctica, esta decisión implica convocar a empresarios y sindicalistas a rediscutir cláusulas vinculadas con las condiciones de trabajo y las cuotas solidarias de los convenios, cuyo vencimiento dejó sin efecto la ultraactividad.
Según el texto oficial, esta ampliación responde a una interpretación estricta de la nueva ley, que dinamitó el principio que sostenía la vigencia de un convenio colectivo hasta su reemplazo por uno nuevo, evitando así que los trabajadores perdieran derechos adquiridos. El Ministerio destacó que la convocatoria se realiza para "fortalecer la negociación colectiva y promover acuerdos entre trabajadores y empleadores que contribuyan al desarrollo de relaciones laborales modernas, previsibles y adaptadas a la realidad productiva de cada sector". En esa misma línea, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, aseguró en el pasado que la norma "mantendrá los derechos de los trabajadores" y que Argentina la necesita porque "la creación de empleo se encuentra estancada desde 2011".
La reacción del arco sindical no se hizo esperar. Desde la CGT, el mayor sindicato del país, rechazaron enérgicamente la medida al considerar que el Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías fundamentales del sistema de relaciones laborales. Las centrales obreras advierten que la reforma, impulsada por el presidente Javier Milei, acelera una embestida que apunta a desmantelar la organización sindical y profundizar la degradación de los derechos laborales. El abogado de la CGT, Gustavo Ciampa, salió al cruce del argumento oficialista al sostener que durante las últimas dos décadas existió negociación colectiva permanente en prácticamente todas las actividades y que los acuerdos fueron modificándose de acuerdo con las necesidades planteadas por trabajadores y empleadores.
Horas antes de conocerse el alcance final de la medida, desde la CGT habían adelantado su rechazo absoluto y no descartaban convocar a un nuevo paro general en el corto plazo. Los gremios entienden que el nuevo marco plantea una pérdida de derechos y ya estudian nuevas presentaciones judiciales para intentar frenar los cambios.
El aumento en la cantidad de convenios a renegociar se basa en el fin de la llamada "ultraactividad", un principio hasta ahora vigente que garantizaba la continuidad de un convenio colectivo aun después de su vencimiento hasta que fuera reemplazado por uno nuevo, lo que los gremios consideraban una garantía clave de estabilidad laboral. La nueva ley mantiene vigentes determinadas cláusulas normativas que definen condiciones de trabajo, pero deja sin efecto las cláusulas obligacionales (como cuotas solidarias y aportes especiales), las cuales se caen al vencimiento del convenio. No obstante, el decreto reglamentario 407/2026 abre la puerta para que en esta etapa de discusiones se renegocien todas las cláusulas posibles. El plazo para que las nuevas condiciones para cada actividad se pongan en marcha es el 1 de enero de 2027.
En la práctica, la renegociación masiva de convenios implica que aspectos como las horas extra, la extensión de la jornada laboral y la metodología de los aumentos salariales (conocido como "salario dinámico") podrían sufrir modificaciones sustanciales. La normativa también abre la puerta a una negociación colectiva por empresa o región, relegando los acuerdos nacionales por rama de actividad, algo que desde el sindicalismo ven como un intento de atomizar su poder de negociación. La medida, que afecta al empleo privado, no impacta en el sector público. Se espera que, en los próximos días, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, comience a convocar a las partes para dar inicio formal a las negociacione.
