Redacción ARG360
La medida es inédita en 42 años de democracia. El Poder Ejecutivo justificó la decisión en una denuncia penal contra dos periodistas de TN por presunto "espionaje ilegal", acusados de filmar pasillos del palacio. La oposición y los gremios de prensa expresaron su "máxima preocupación" y advirtieron que se trata de un "retroceso" para la libertad de expresión.
En un clima de "paranoia total" en la Casa de Gobierno, la administración de Javier Milei bloqueó este jueves el acceso de la prensa a la Casa Rosada y anuló las acreditaciones de todos los periodistas que cubren la fuente. Se trata de una decisión inédita tras 42 años de democracia que afecta a más de 60 cronistas de medios nacionales y extranjeros.
La medida incluyó la desactivación del sistema de acceso biométrico, eliminando las huellas dactilares de los profesionales. Sin previo aviso, los periodistas que llegaron a trabajar se encontraron con que no podían ingresar a la sede central del Poder Ejecutivo, debiendo trasladarse a una cafetería ubicada frente a Plaza de Mayo.
La restricción fue adoptada horas después de que el gobierno denunciara penalmente por "espionaje ilegal" a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, de la señal televisiva Todo Noticias (TN). La denuncia sostiene que los comunicadores grabaron filmaciones en lugares del palacio de gobierno no autorizados y difundieron un informe sobre áreas internas de la Casa Rosada.
Según fuentes judiciales, la causa recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo y fue impulsada por la Casa Militar, organismo dependiente de Karina Milei y encargado de la custodia presidencial. Para el jefe de la Casa Militar, las imágenes difundidas por el programa "Y mañana qué" habrían "generado las condiciones para revelar secretos de Estado".
El secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Javier Lanari, justificó la decisión a través de sus redes sociales:
"La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional".
La medida se suma a los antecedentes de principios de abril, cuando el gobierno había suspendido las acreditaciones de siete periodistas acusados de formar parte de una presunta operación de desinformación rusa contra el presidente.
El presidente Javier Milei respaldó la decisión con una catarata de agravios en sus redes sociales. A los periodistas denunciados los calificó como "basuras repugnantes" y aseguró que "el 95 por ciento de los periodistas son delincuentes". En un tuit, el jefe de Estado escribió:
"LAS BASURAS INMUNDAS QUE SE HACEN LLAMAR PERIODISTAS (95%) parece que siempre desconocen el principio de acción y reacción. Han cometido un delito y no es el único. Se consideran por encima de la ley y de la Constitución. CIAO!".
Milei publicó además la sigla "NOL$ALP", que en sus redes sociales significa "No odiamos lo suficiente a los periodistas". Para el presidente, los dos profesionales de TN "violaron las leyes de seguridad" y "no están por encima de la ley".
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó "su máxima preocupación" por la medida, a la que calificó como "intempestiva" y sin antecedentes en la historia democrática del país.
"La existencia de una investigación judicial en curso no justifica la adopción de medidas de carácter general que afectan el normal ejercicio del periodismo", señaló ADEPA en un comunicado. También el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) repudiaron la medida, al que calificaron como una acción de "extrema gravedad institucional".
La Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) advirtió que la clausura de la sala de prensa impide el acceso a la información pública y representa un retroceso "sin precedentes" en la región.
Un grupo de legisladores de la oposición se concentró frente a la Casa de Gobierno para exigir explicaciones y presentó una nota a las autoridades correspondientes. La diputada nacional Marcela Pagano, periodista de profesión, presentó una denuncia penal contra Javier Milei por impedir el ingreso de los periodistas.
"Prohibir a los periodistas el ejercicio de su profesión es el primer paso para silenciar cualquier voz disidente", sostuvo la legisladora. Por su parte, Mónica Frade, otra de las legisladoras firmantes, reclamó que "el gobierno no puede tolerar que la prensa esté cerca. Es insostenible".
La decisión del gobierno encuentra una explicación más profunda. Como señaló el periodista Jaime Rosemberg a El Mundo: "No es casual que esto surja cuando arrecian los artículos periodísticos que vinculan al jefe de gabinete con el presunto enriquecimiento ilícito, cuando se mueven las causas judiciales que complican al gobierno como $LIBRA o la corrupción en la agencia de discapacidad".
La medida se mantendrá por tiempo indeterminado, supeditada a resoluciones judiciales y a un proceso de reestructuración del sistema de acreditaciones. Mientras tanto, los periodistas acreditados planean presentar un recurso de amparo y advirtieron que la decisión "sugiere una avanzada explícita contra la libertad de prensa".
