50 años del golpe: la herida que persiste en una Argentina dividida por la memoria

A 50 años exactos del último golpe cívico-militar que sumió a la Argentina en el período más oscuro de su historia, la Plaza de Mayo amaneció hoy cubierta de pañuelos blancos, consignas y un fervor que parecía desafiar al tiempo. Desde temprano, miles de personas comenzaron a llegar al centro neurálgico de las protestas, en una jornada que se prevé multitudinaria y que enfrenta dos relatos antagónicos sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983.

El 24 de marzo de 1976, hace medio siglo, un grupo de comandantes militares encabezados por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Lo que siguió fue un régimen que instaló el terrorismo de Estado con más de 300 centros clandestinos de detención, un saldo de 30.000 desaparecidos según los organismos de derechos humanos —8.961 según el registro de la Conadep—, y un plan sistemático de exterminio que incluyó torturas, robos de bebés y apropiación de bienes.

Pero el golpe no fue solo una decisión castrense. Como lo definió el periodista Joaquín Morales Solá en una entrevista recordada hoy, fue también "un fracaso de la política". Los partidos políticos, en especial un peronismo huérfano tras la muerte de Juan Domingo Perón el 1° de julio de 1974, no supieron encontrar una salida institucional al caos que atravesaba el país.

El origen de la tragedia: un país en llamas

Para entender el golpe, hay que remontarse a los años previos. La Argentina llegó a 1976 desgarrada por la violencia política. La izquierda armada —Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)— había cometido atentados, secuestros y asesinatos. Según datos del periodista Hugo Gambini, esos grupos insurgentes asesinaron a cerca de 800 personas, entre ellas 547 militares y 230 civiles.

Pero también la derecha peronista actuaba con métodos parapoliciales. La Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), creada bajo el influjo del polémico José López Rega —el "brujo" que había sido mayordomo de Perón—, dejó un saldo de 600 desapariciones forzadas y 500 asesinatos entre 1973 y 1976, según estudios posteriores. En provincias como Tucumán, la Triple A respondía directamente a jefes militares como el general Acdel Vilas.

En medio de ese fuego cruzado, la economía se desmoronaba. Isabel Perón, que había asumido tras la muerte de su esposo, tuvo cuatro ministros de Economía en apenas año y medio. En 1975, el único año completo de su gestión, la inflación alcanzó el 335 por ciento y el poder adquisitivo de los salarios cayó un 30 por ciento. Los sindicatos se le sublevaron. Los empresarios más importantes se apartaron.

"Mi peor enemigo no fueron los militares, sino los grupos de izquierda, sobre todo la izquierda peronista, porque ellos les abrieron las puertas a los militares", le confesó Isabel Perón en una conversación reservada que mantuvo con Joaquín Morales Solá a mediados de los años ochenta, cuando ya había recuperado cierta libertad tras más de cinco años de prisión impuesta por la dictadura. Esa frase, recuperada hoy en diversos medios, encierra una visión que aún divide aguas.

El partido militar y la guerra fría

Los militares argentinos eran entonces, como señaló Morales Solá, "un partido político más en el gobierno del país". Desde el golpe de 1930, las Fuerzas Armadas habían derrocado a gobiernos constitucionales en reiteradas oportunidades: a Arturo Frondizi en 1962, a Arturo Illia en 1966. En los años 70, la mayoría de los uniformados había estado en desacuerdo con la decisión del dictador Alejandro Lanusse de entregarle el poder al peronismo en 1973.

El contexto internacional también jugó su rol. La Guerra Fría dividía al mundo. Estados Unidos apoyaba a los militares que reprimían la insurgencia de izquierda en América Latina, y Fidel Castro auspiciaba las revoluciones armadas. Ese enfrentamiento global encontró en la Argentina un campo de batalla.

El "Operativo Independencia" lanzado en Tucumán en 1975, aún bajo gobierno constitucional, fue el ensayo general de lo que vendría. Allí, los generales Acdel Vilas y Antonio Bussi comenzaron con una represión que incluyó métodos ilegales. Los mandos militares nacionales tomaron nota. Para cuando dieron el golpe el 24 de marzo de 1976, ya habían decidido que la represión tendría un sello propio: habría desaparecidos, no muertos ni detenidos declarados, y todos los cuadros militares serían implicados para evitar futuras delaciones.

Las últimas 24 horas: un gobierno sin destino

El golpe fue el más anunciado de la historia argentina. Sin embargo, hasta las horas finales, Isabel Perón y algunos dirigentes peronistas se aferraban a la ilusión de que no ocurriría.

El 23 de marzo de 1976, un día antes, el almanaque marcaba martes. Había clases, funcionaban los transportes, los diarios matutinos hablaban de "cambios inminentes". A las 11 de la mañana, el ministro de Defensa, José Deheza, pidió a los tres comandantes una manifestación de apoyo a la legalidad constitucional. Eludieron la solicitud y acordaron reunirse a las 19.

Mientras tanto, camiones del Ejército con efectivos armados atravesaban la ciudad. Los rumores eran imparables. Al mediodía, Isabel Perón encabezó en Casa de Gobierno una reunión de gabinete ampliada. Algunos legisladores ya vaciaban sus despachos en el Congreso.

A las 13, el vespertino "La Razón" salió a la calle con un título que sacudió al gabinete y al país: "Es inminente el final. Todo está dicho". En Casa Rosada, algunos pedían sándwiches y pizzas mientras la angustia crecía.

A las 19, en la segunda reunión con los comandantes, Deheza recibió la confirmación oficial: "Está decidido, vamos a actuar". Regresó a la Rosada y pidió hablar a solas con la Presidenta. Le comunicó que el golpe era inminente. La reunión duró tres horas. Isabel creía que todo era "acción psicológica" para forzar su renuncia.

Pasada la medianoche del 24 de marzo, Isabel Perón subió por última vez al helicóptero presidencial. Ella creía que se dirigía a la Quinta de Olivos. Pero en el trayecto le avisaron que se detendrían en Aeroparque "por problemas técnicos". Allí, el general Villarreal le comunicó: "Señora, usted ya no gobierna el país. Está a disposición de las Fuerzas Armadas".

A las 3:30 de la madrugada del 24 de marzo de 1976, el locutor Juan Mentesana anunció por cadena nacional el comunicado número 1 de la Junta Militar: "El país se encuentra bajo control operacional de las Fuerzas Armadas".

Isabel Perón pasaría cinco años, tres meses y ocho días detenida, primero en Neuquén y luego en otros destinos. La dictadura se extendería siete años, seis meses y trece días.

La máquina de terror y sus consecuencias

El régimen militar aplicó un "plan sistemático de exterminio", como concluyó la justicia argentina décadas después. Los centros clandestinos de detención se multiplicaron. El más emblemático, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), funcionó en pleno corazón de Buenos Aires. Allí se gestaron los llamados "vuelos de la muerte": detenidos aún con vida eran arrojados al Río de la Plata desde aviones.

Los números de víctimas siguen siendo motivo de disputa. La Conadep, la comisión que creó el presidente Raúl Alfonsín en 1984, registró 8.961 casos de desapariciones forzadas. Las organizaciones de derechos humanos sostienen que fueron 30.000. Más allá de la cifra exacta, en lo que coinciden todos los informes judiciales es en la naturaleza sistemática y planificada del terror.

El general Ramón Camps, jefe de la Policía bonaerense, el almirante Massera, los generales Guillermo Suárez Mason y Luciano Benjamín Menéndez encarnaron el ala más dura de la represión. Pero la dictadura no fue un monolito. Hubo tensiones internas entre "duros" y "blandos", aunque siempre terminaron imponiéndose los primeros.

La dictadura terminó, paradójicamente, con una derrota militar en la guerra de Malvinas de 1982. Ese conflicto, impulsado por la Junta para intentar recuperar legitimidad, resultó un desastre que aceleró el fin del régimen. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió la presidencia y con él volvió la democracia.

Juicios, indultos y la construcción de la memoria

La recuperación democrática trajo consigo el Juicio a las Juntas en 1985. El fiscal Julio César Strassera pronunció entonces la frase que se convirtió en emblema: "Nunca más". Videla, Massera y otros jerarcas fueron condenados a prisión perpetua. Pero la euforia duró poco.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, impulsadas durante el gobierno de Alfonsín y sancionadas en 1986 y 1987, frenaron los juicios. Luego, en 1989 y 1990, el presidente Carlos Menem indultó a los condenados, incluidos Videla y Massera. Los genocidas recuperaron la libertad.

Hubo que esperar hasta 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, para que el Congreso anulara las leyes de impunidad y se reabrieran los juicios. Desde entonces, cientos de represores fueron condenados, aunque muchos hoy cumplen prisión domiciliaria por su avanzada edad.

Pero el camino no fue lineal. El gobierno de Mauricio Macri intentó en 2017 aplicar el "2x1" que beneficiaba a condenados por delitos de lesa humanidad, aunque debió retroceder ante la masiva protesta popular.

50 años después: dos relatos en pugna

Este 24 de marzo de 2026 encuentra a la Argentina en medio de una disputa abierta por el sentido del pasado. Por primera vez desde el retorno de la democracia, el gobierno nacional no solo cuestiona los consensos construidos durante décadas, sino que impulsa desde el Estado una versión que equipara a las víctimas de la dictadura con los guerrilleros de los años 70.

El presidente Javier Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, se tomaron el día feriado sin agenda oficial. Pero a través de la cuenta de Casa Rosada en redes sociales, difundieron un video de más de una hora titulado "Las víctimas que quisieron esconder", con testimonios de una nieta restituida que enfrenta a Abuelas de Plaza de Mayo y del hijo de un militar secuestrado y asesinado por el ERP.

"Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa", posteó la Casa Rosada. "Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias."

El video acusa al kirchnerismo de haber impuesto una "visión sesgada y revanchista" de la historia y de "manipular" la memoria con fines políticos. La propuesta oficial de "memoria completa" —que algunos sectores califican como negacionista— implica que el terrorismo de Estado fue una respuesta simétrica a la violencia guerrillera, una versión que la justicia argentina y los organismos de derechos humanos han rechazado sistemáticamente.

En las antípodas, la marcha convocada por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, junto a decenas de organizaciones de derechos humanos, sindicatos y agrupaciones políticas, lleva como consigna central: "A 50 años del golpe genocida. El mismo plan, la misma lucha. Son 30.000. Que digan dónde están".

Una marcha unificada frente a la Casa Rosada

A diferencia de años anteriores, este 24 de marzo las dos grandes corrientes de los organismos de derechos humanos marcharán unidas. Por un lado, las agrupaciones históricas nucleadas en torno a Madres y Abuelas, cercanas al kirchnerismo. Por el otro, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, donde confluyen organizaciones de izquierda que en otras oportunidades marcaban diferencias con el peronismo.

Ambas columnas confluirán a las 16.30 en Plaza de Mayo, frente a la Pirámide —el monumento que las Madres rodearon incansablemente desde 1977—, para leer un documento único. Se espera que la convocatoria supere el millón de personas, en una de las marchas más multitudinarias de los últimos años.

La Cámpora, la organización que responde a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, partió a las 9 desde la ex ESMA en Núñez, recorrió 16 kilómetros y pasó por San José 1111, el departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, antes de dirigirse al centro porteño. "Caminamos por los 30.000", "Defendemos la Patria" y "Queremos a Cristina", eran algunas de las consignas que enarbolaban los militantes.

Sergio Massa, excandidato presidencial y líder del Frente Renovador, también participó de la movilización. "A 50 años del golpe: memoria para no olvidar, democracia para construir futuro", escribió en sus redes sociales. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, por su parte, puso el foco en la economía: "La dictadura se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro país y desatar la especulación financiera".

En las provincias, las movilizaciones también fueron masivas. En Córdoba, la marcha partió desde Colón y Cañada hacia el centro, con una carga emotiva particular tras la reciente confirmación judicial de la identidad de 11 víctimas del ex centro clandestino La Perla. En Rosario, los manifestantes se dirigieron al Monumento a la Bandera. En Salta, hubo dos marchas: una por la mañana y otra por la tarde. En Ushuaia, en el extremo sur, los vecinos se concentraron en Avenida Espora y San Martín.

Lo que aún falta: deudas pendientes

A medio siglo del golpe, las heridas están lejos de cerrarse. La lucha de Abuelas de Plaza de Mayo por restituir la identidad de los nietos apropiados durante la dictadura sigue vigente: hasta hoy, han recuperado a 139 jóvenes que fueron arrebatados de sus familias biológicas.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que este año será homenajeado por CLACSO junto a Adolfo Pérez Esquivel, sigue identificando restos de desaparecidos. Hace apenas unos días, anunciaron la identificación de 12 personas cuyos restos fueron hallados en el centro clandestino La Perla de Córdoba.

La justicia aún tiene causas pendientes. Como señala un informe de Télam, todavía hay crímenes de la dictadura que no han sido juzgados, como el robo sistemático de bienes a desaparecidos, que incluyó casas, automóviles y pertenencias que fueron apropiadas por represores y luego lavadas en el mercado inmobiliario.

Y persiste el debate sobre el número de víctimas. Para el periodista José Ignacio López, quien en plena dictadura se animó a preguntarle a Videla por los desaparecidos, la cifra exacta es menos importante que la verdad. "No tuve miedo, fui decidido porque quería quedarme tranquilo con mi conciencia", recordó hoy en una entrevista.

El reclamo que cruza generaciones

En la Plaza de Mayo, entre las primeras columnas que llegaron esta mañana, una turista griega de 63 años, Katerina, observaba atónita el despliegue. "Vi un documental sobre su lucha por encontrar a sus hijos y sus nietitos hace varios años, y me parecieron las mujeres más potentes del mundo", dijo a Infobae refiriéndose a Madres y Abuelas.

Ajena a las fechas argentinas, no sabía que se encontraría con la previa de la marcha por el 50° aniversario. Su guía, María Eugenia, le explicó por qué este pedazo de Buenos Aires se llenaba de pasacalles, redoblantes y pañuelos blancos que cuestan 3.000 pesos y dicen "Nunca más".

"Hoy recién empieza", le dijo la guía. "Va a haber miles y miles de personas."

Fabiana, de 47 años, licenciada en Matemática, llegó temprano para evitar la multitud que anticipaba por la tarde. "Es muy importante salir a la calle y manifestar que somos muchos los que seguimos diciendo 'Nunca más' año a año, y seguimos reclamando que nos digan dónde están los desaparecidos", expresó.

Un país que aún se debe una narrativa verídica

A 50 años del golpe, la Argentina sigue sin tener una narrativa única y consensuada sobre lo ocurrido. Como advierte Morales Solá en su artículo publicado hoy por La Nación, "generaciones de argentinos que viven y vivirán tienen el derecho a saber, sin amputaciones ni escamoteos, cómo fue todo aquello".

El gobierno de Milei, con su concepto de "memoria completa", profundiza la fractura. Pero la marcha masiva de este 24 de marzo demuestra que, para amplios sectores de la sociedad, la consigna "Nunca más" sigue siendo un mandato ético innegociable.

La jornada transcurre con el recuerdo de aquellos 30.000 desaparecidos, de las rondas de las Madres en la Plaza, de los vuelos de la muerte, de los bebés robados, de los sobrevivientes que aún hoy esperan justicia. Y con la advertencia de que, como sostuvo el fiscal Strassera hace 41 años, el horror no debe repetirse.

A las 16.30, cuando el sol comience a descender sobre la Casa Rosada vallada y desierta de funcionarios, Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel leerán el documento final. Se espera que allí confluyan los reclamos por verdad, justicia y memoria, y también las críticas a un gobierno que, según los organizadores, "retoma el mismo plan económico que impuso la dictadura: endeudamiento, especulación financiera y destrucción de la industria nacional".

Medio siglo después, la Plaza de Mayo volverá a ser el escenario donde una sociedad se pregunta qué pasó, qué pasó con sus muertos y qué futuro quiere construir. La memoria, como siempre, está en disputa. Y la calle, como siempre, tendrá la última palabra.